Gobierno pide a la Corte Suprema anular fallo que frenó prioridades de deportación
El gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema para dejar sin efecto el fallo de una corte federal de Distrito que, en junio, frenó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La medida surge tras dos sentencias distintas emitidas por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º circuito la semana pasada, generado una contradicción sobre el tema.
El recurso legal tiene como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, de la corte federal de Distrito del Sur de Texas, que el pasado 10 de junio dejó sin efecto las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS anunciada a finales de septiembre del 2021 violó la Ley de Procedimiento istrativo (APA).
“El recurso presentado es la misma herramienta que utilizaba el expresidente Donald Trump en su gobierno cuando las cortes fallaban en contra de sus políticas de tolerancia cero”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“La petición especial, firmada por la abogada general del DHS, Elizabeth Prelogar, pide al tribunal supremo que pare la decisión del juez Tripton mientras el caso toma su curso en la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, que la semana pasada le negó al gobierno un recurso basado en la decisión que poco antes había anunciado el 6º Circuito a favor de la autoridad del gobierno para dictar las prioridades de deportación”, explicó.
Los argumentos
En el escrito, el gobierno (DHS, la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE-, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo -CBP- y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS-), piden a la Corte Suprema que “suspenda” la sentencia del 10 de junio contra las prioridades de deportación “pendiente de la consideración y disposición de la apelación del gobierno ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito” y de cualquier otro procedimiento legal disponible.
El recurso señala que el memorando de septiembre de 2021 firmado por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, y que estipula las prioridades de actuación de ese ministerio, “se han basado durante mucho tiempo en dicha orientación para armonizar sus esfuerzos y enfocar sus recursos limitados”.
En la Guía en cuestión, el secretario “identificó como prioridades para aprehensión y remoción (deportación) de no ciudadanos que amenazan la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, agrega.
Guerra jurídica
El 5 de julio un de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito falló a favor de las prioridades de deportación del gobierno, permitiendo que el DHS se enfoque en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves.
El dictamen fue en respuesta a una apelación entablada por los estados de Arizona, Ohio y Montana, quienes en marzo argumentaron que la implementación de las prioridades provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden público.
Los demandantes ganaron el caso a nivel de distrito en una corte de Ohio, pero un de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dejó sin efecto la sentencia por medio de un fallo preliminar.
En una segunda sentencia, reafirmaron que el gobierno puede implementar las prioridades estipuladas en el memorando emitido por Mayorkas el año pasado.
Pero la orden no pudo ser implementada hasta no conocerse la decisión de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, a la que acudió en gobierno tras un fallo emitido, en una segunda demanda, esta vez entablada por Texas y Luisiana.
La contradicción
El 6 de julio, un de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, negó un recurso interpuesto por el gobierno para anular un fallo emitido el 10 de junio por una corte de distrito del Sur de Texas, que dejó sin efecto las prioridades de deportación de ICE.
En una sentencia de 32 páginas, un del tribunal con sede en Nueva Orleans dijo que “negaba” la petición hecha por el gobierno a través del DHS, y que por tanto el gobierno está obligado por ley a expulsar a extranjeros con orden de deportación y con antecedentes criminales a toda prisa.
En la sentencia del 10 de junio el juez federal Drew Tipton escribió que “el Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”.
“Usando las palabras 'discreción' y 'priorización', el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque", agregó.
La sentencia, contraria a la emitida un día antes por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito no solo mantuvo vigente la restricción a nivel nacional, sino que abrió la puerta para que el gobierno acuda a la Corte Suprema en busca de un freno a través de un recurso de emergencia.
Qué esperar
En el recurso de emergencia el gobierno argumentó que la Corte Suprema debería poner fin a la controversia y evitar que los tribunales inferiores interfieran con el uso de la capacidad ejecutiva del gobierno federal en materia de inmigración.
"Y dada la importancia de los asuntos presentados y el conflicto con el 6º Circuito, el tribunal superior puede querer interpretar esta solicitud como una petición de certiorari antes del juicio, otorgar la petición de emergencia solicitada y establecer este caso para argumento en el otoño", se lee en el escrito.
Los estados demandantes (Texas y Louisiana) tienen hasta el 13 de julio para responder a la solicitud, según el expediente del caso.
El sitio Law360 dijo que el morando de Mayorkas que estipula las prioridades de deportación del gobierno que se ventila en los tribunales de justicia es el tercer intento de la istración Biden de alejarse de la política de ‘tolerancia cero’ de la era Trump.
El exmandatario colocó a los 11 millones de indocumentados en el banquillo de las deportaciones al decretar que la presencia no autorizada, una falta de carácter civil, constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Tras el dictamen de la Corte de apelaciones el 5º Circuito la semana pasada, “seguimos con la política anterior donde los oficiales de inmigración deben aplicar la ley y proceder a la deportación de extranjeros que tienen una orden de deportación o antecedentes criminales”, reiteró Guerrero.
“Quienes tengan orden deportación, actualmente están en riesgo de ser expulsados. Y los inmigrantes detenidos esperando juicio, si no califican para salir libre bajo fianza, permanecerán detenidos”, advirtió.
