Con lo que se enfrentará Trump en su plan de usar a militares para sus deportaciones masivas

La campaña presidencial de Donald Trump se centró en prometer medidas drásticas contra la inmigración. Y, tras ganar, Trump deslizó en una publicación en su red social Truth Social el 18 de noviembre que podría utilizar a los militares estadounidense para lograr su objetivo declarando una emergencia nacional. En otras ocasiones, Trump y los responsables de su campaña anunciaron planes para activar la Guardia Nacional y las fuerzas policiales locales para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración.

Esas promesas se encuentran ya en marcha.

Tras su investidura esta semana, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y comenzó a desplegar tropas para controlar la inmigración.

Somos profesoras de derecho que hemos estudiado la compleja intersección entre el Poder Ejecutivo y la aplicación de las leyes de inmigración. Nuestra investigación sugiere que Trump puede tener cierta autoridad legal para desplegar Fuerzas Armadas para asegurar la frontera.

Sin embargo, los obstáculos prácticos y constitucionales harán que sea extremadamente difícil para él cumplir con su amenaza de deportaciones masivas.

Lo que los militares de EEUU pueden y no pueden hacer en temas de inmigración

Los requisitos legales para que los militares participen en la aplicación de la ley de inmigración son complicados. Ninguna ley impide explícitamente a Trump utilizar activos militares estadounidenses para deportaciones.

Diferentes normas jurídicas rigen las fuerzas militares, las fuerzas de defensa del Estado y la aplicación de la ley civil. Eso significa que la legalidad depende no solo de si se utiliza a los militares, sino también de cómo.

En primer lugar, Trump puede solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, una fuerza militar única con doble función, para vigilar la frontera. La Guardia Nacional es principalmente una fuerza militar estatal bajo el control de los gobernadores, pero el presidente también puede activarla para una misión federal.

Como explicó el Servicio de Investigación del Congreso, una agencia gubernamental, en un informe de 2023, “existen precedentes de despliegue de unidades de la Guardia Nacional en la frontera suroeste para ayudar en el control de la inmigración”.

Los presidentes Barack Obama y George W. Bush enviaron tropas de la Guardia Nacional para ayudar en la seguridad de la frontera sur.

A pesar de los antecedentes, Trump se encontraría en un terreno legal más débil al tratar de utilizar a de las Fuerzas Armadas regulares para llevar a cabo actividades directas de deportación, como arrestar y detener a personas.

La Ley Posse Comitatus prohíbe en general el uso de las Fuerzas Armadas federales para hacer cumplir las leyes nacionales, pero puede utilizar a los militares en una función de apoyo.

El Título 10 del Código de Estados Unidos especifica que los militares pueden “entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad civiles” y proporcionar otros tipos de apoyo. En la práctica, los militares probablemente podrían dar a los funcionarios de inmigración y otras entidades policiales asesoramiento, formación y prestarles equipos.

En cuanto a la propuesta de Trump de alistar a las fuerzas de seguridad locales en la aplicación de la ley de inmigración, eso dependería de su cooperación voluntaria.

Una enmienda de 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al gobierno federal delegar en agentes de las fuerzas de seguridad estatales y locales determinadas funciones relacionadas con la inmigración. Sin embargo, las fuerzas del orden no pueden ser obligadas a participar.

Hasta ahora, la policía de algunos condados de Maryland, Carolina del Norte y algunas otras jurisdicciones se han mostrado dispuestas a colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración. Otros departamentos de policía ya han declarado que no cooperarán en las deportaciones, entre ellos Los Ángeles, Boston y Tucson Sur.

¿Cuánto costaría realizar las deportaciones masivas prometidas por Trump?

Cualquier esfuerzo de deportación masiva se enfrentaría a enormes desafíos prácticos. Trump ha dicho que trataría de deportar a “probablemente 15 millones y quizá hasta 20 millones” de personas.

La organización sin ánimo de lucro American Immigration Council calcula que hay 13 millones de personas en Estados Unidos sin estatus legal permanente y expulsarlas a todas costaría al menos 315,000 millones de dólares. El presupuesto actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es de unos 8,000 millones de dólares.

Más del 20% de los trabajadores de la construcción son indocumentados y el porcentaje es significativo en puestos especializados como los instaladores de es de yeso y azulejos de techo, de los que se cree que más de un tercio son indocumentados.

En las zonas con mayor demanda de trabajadores de la construcción, como las regiones de California afectadas por los incendios forestales, la escasez de mano de obra provocada por las deportaciones sería especialmente grave. La agricultura también se enfrentaría a una importante escasez de trabajadores. El 40% de los agricultores carecen de permiso de trabajo, según estimaciones del gobierno.

Las batallas legales por delante para que Trump logre sus planes

Tal vez el reto más importante de la campaña de Trump contra la inmigración sea garantizar la protección de los derechos civiles.

Trump ha comparado sus planes de deportación con los esfuerzos del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950, un paralelismo histórico que plantea serias preocupaciones. Durante esa campaña de 1953-54, la Patrulla Fronteriza trabajó con funcionarios locales para enviar a inmigrantes mexicanos a través de la frontera sur. En ocasiones se deportó injustamente a ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, en las campañas de deportación masiva llevadas a cabo durante la Gran Depresión, una investigación del senador del estado de California Joseph Dunn descubrió que cerca del 60% de las personas deportadas eran en realidad ciudadanos estadounidenses nacidos de familias inmigrantes.

También hoy en día, los agentes de inmigración detienen regularmente e incluso deportan a ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos representan aproximadamente el 1% de todos los inmigrantes detenidos, según un estudio de un académico de la Universidad Northwestern.

Mientras que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informa de que, entre 2015 y 2020, ICE encerró a cientos de ciudadanos estadounidenses. Al menos 70 fueron deportados, y probablemente muchos más cuya ciudadanía no fue confirmada.

Históricamente, la Corte Suprema ha considerado este error inaceptable. Sería mejor que muchos inmigrantes fueran “itidos indebidamente”, escribió el tribunal en 1920, que incluso un ciudadano fuera “excluido permanentemente de su país”.

La Corte Suprema nunca se ha retractado de esta posición, y los tribunales federales han intervenido históricamente para bloquear los esfuerzos de deportación acelerada que carecían de las debidas protecciones procesales.

En 2019, durante la primera istración de Trump, la jueza de distrito Ketanji Brown Jackson, ahora magistrada de la Corte Suprema, emitió una orden preliminar para detener los procedimientos de deportación acelerada que no ofrecían a las personas las garantías legales adecuadas. Tras muchas disputas legales, el caso fue finalmente desestimado después de que la istración de Joe Biden cambiara de política.

Es probable que surjan nuevos casos con el regreso de Trump. Su propuesta de deportaciones masivas tiene un alcance más amplio que sus iniciativas anteriores y las organizaciones de derechos civiles ya se están preparando para desafiarlas legalmente.

“Las acciones amenazantes de Trump sobre inmigración van en contra de las protecciones de la Constitución y los estatutos promulgados por el Congreso”, se lee en el sitio web de la Unión Americana de Libertades Civiles. “Y le haremos responder por su anarquía en los tribunales”.

La cuestión clave aquí no es solo si Trump puede desplegar legalmente activos militares para deportar personas. Es si un programa tan masivo puede ejecutarse respetando los derechos constitucionales y manteniendo la estabilidad económica. Basándonos en nuestra investigación, la respuesta parece ser no. Esperamos turbulencias legales desde el principio del segundo mandato de Trump.

Este artículo se actualizó el 20 de enero de 2025 para reflejar los comentarios realizados por el presidente Donald Trump durante su discurso de investidura.

*Cassandra Burke Robertson es Directora del Centro de Ética Profesional, Case Western Reserve University. Irina D. Manta es Directora del Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Hofstra

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede encontrarla en este enlace.

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