Caravana en rechazo a ley de Florida SB 1718 arranca el viernes en San Diego
Una caravana planeada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes para rechazar la implementación de la ley S.B. 1718 de Florida arrancará el viernes desde San Diego, California, anunciaron este martes sus organizadores durante una conferencia de prensa.
“Sale del Parque Chicano, en Barrio Logan, San Diego rumbo a Los Ángeles”, informó a Univision Noticias Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. “Iremos en una caravana de vehículos, no en autobuses, y recorreremos varios estados”, agregó.
Gutiérrez explicó que el propósito de la caravana “es manifestar nuestro rechazo a la Ley SB 1718 promulgada el 10 de mayo por el gobernador Ron DeSantis, que convierte a Florida en el estado con la legislación más dura de Estados Unidos en su tipo”.
El activista dijo además que “en Los Ángeles estaremos el sábado y parte del domingo, donde hemos planeado varios eventos con la comunidad inmigrante y el domingo continuamos el recorrido por carretera hacia Phoenix, Arizona”.
Antes de la partida hacia Arizona, los integrantes de la caravana asistirán a una misa que será celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en la Placita Olvera. Luego se trasladarán hacia las localidades de San Bernardino, Indio y luego emprenderán viaje rumbo a Phoenix.
Cuántos integrarán la caravana
Hasta el momento los organizadores, entre quienes también se cuenta la Coalición Quiero Mi Tarjeta Verde, los Comités de Morena del Sur de California, la Coalición Todos Somos Florida y otros de la comunidad inmigrante del Sur de California, señalaron que en un inicio arrancarán unos 50 automóviles, “pero pretendemos que muchos más se vayan sumando en la medida que nos dirigimos hacia Tallahassee (capital de Florida)”, dijo Gutiérrez.
A la pregunta respecto a los objetivos de la caravana, la Coalición por los derechos Plenos de los inmigrantes dijo que eran tres:
- Apoyar todo esfuerzo que se vaya a llevar a cabo para derrotar la Ley SB 1718 en los tribunales de justicia; todas las acciones legales que se están planificando y se lleven a cabo.
- Trabajar a través de las cámaras de comercio para solidarizarse con la comunidad inmigrante de Florida por los daños que sufrirán negocios, el campo y el área de servicios; y
- Decirles a los inmigrantes de Florida que no están solos, hay conciencia de que el estado vive una situación grave.
“De estos tres objetivos, el frente legal es sumamente importante”, precisó Gutiérrez.
La caravana “nos hace sentir más fuertes”
Mientras en California y otros estados se alistan para dar inicio a la caravana nacional contra la ley SB 1718, en los campos de Immokalee, centro de Florida, las organizaciones y los campesinos se preparan para resistir y defender sus derechos.
“Definitivamente hay muchos nervios, angustias e incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar después del 1 de julio (cuando entre en vigor la SB 1718) y tampoco sabe cómo se va a implementar y a qué nivel”, dice Jessica Ramírez, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida).
Hasta ahora “los empleadores les están dando a los campesinos el formulario I-9 para verificar sus estados migratorios y si tienen o no autorización legal para trabajar, solo eso”, agregó.
A la pregunta si la organización llega registros de los trabajadores que en las últimas semanas han decidido marcharse a otros estados ante el temor de ser detenidos y puestos en proceso de deportación de Estados Unidos, Ramírez respondió que “como tal no tenemos un registro, pero sabemos que entre el 8% y e 10% de la comunidad trabajadora se ha marchado de Florida en busca de lugares más seguros”.
En cuanto a la caravana nacional que sale este fin de semana desde San Diego rumbo a Tallahassee, la activista dijo que “son de las cosas que nos hacen sentir más fuertes. Sabemos que no estamos solos, que gente ciudadana nos está apoyando, políticos y organizaciones. Eso nos hace sentir más fuertes”, reiteró.
De las demandas contra la ley SB 1718, Ramírez dijo que “eso está en manos de abogados y organizaciones que tienen práctica en eso. A nosotros nos han dicho que documentemos casos de violaciones de derechos, casos en que la gente esté siendo víctima de abusos para agregar esos argumentos a las demandas”.
La S.B. 1718, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E- para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros estados.
Una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
