Beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo y 18 fiscales generales demandan a Trump para frenar la orden que pone fin a la ciudadanía por nacimiento
El hijo de Gail y Thomas nacerá en febrero. El de Faith en marzo, igual que el de Gordon y su esposa. Y el de Jonathan en abril. Ninguno de ellos es ciudadano estadounidense o residente permanente. Sus nombres son parte de una primera demanda contra el presidente Donald Trump por buscar excluir a sus hijos del derecho a nacer como ciudadanos de Estados Unidos. La introdujo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) el mismo lunes ante una corte de distrito de New Hampshire a nombre de estos inmigrantes y sus hijos.
"Para los demandantes y para familias de todo el país, esta orden busca despojar a sus hijos del 'tesoro invaluable' de la ciudadanía (...) amenazándolos con una vida entera de exclusión de la sociedad y de miedo a ser deportados del único país que han conocido", dice el texto de la demanda.
Entre sus primeras órdenes ejecutivas, Trump firmó una que busca acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de inmigrantes con visas o sin estatus legal permanente a partir de mediados de febrero. Alega que los hijos de estos inmigrantes no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y que por ende no están cubiertos por el derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.
Bajo esa premisa, la orden negaría la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas como Gail, Thomas, Jonathan o Gordon, que nacerán de inmigrantes con asilo o solicitantes del beneficio, de refugiados, de quienes tienen visas, como las de estudiante o por ser víctimas de crímenes. También a los hijos de beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), así como a los de inmigrantes indocumentados. Se trata de cientos de miles de personas que pueden resultar afectadas por esta orden ejecutiva y cuyos hijos nacerían en Estados Unidos pero no tendrían la nacionalidad.
"Esta orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense al crear clases inferiores de personas nacidas en Estados Unidos a las que se le niegan sus derechos como estadounidenses", dijo en una nota de prensa Anthony D. Romero, director ejecutivo de ACLU. Hace referencia a los años previos a 1868, cuando la decisión Dred Scott v. Sanford llevó a negar este derecho a los negros nacidos en Estados Unidos.
Este martes hubo más demandas en contra de la orden ejecutiva de Trump. Fiscales generales de 18 estados —liderados por el fiscal de Nueva Jersey, Matthew Platkin— demandaron al presidente ante la corte federal de distrito de Massachusetts, en el inicio de una batalla legal que podría ser de largo aliento. Entre los estados demandantes están California, Colorado, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin.
Las demandas de los fiscales y de ACLU alegan que la ciudadanía es un principio contemplado en la Constitución y que el presidente no tiene la autoridad para anular un estatuto o limitar el derecho sobre quién puede recibir o no la ciudadanía de una persona nacida en Estados Unidos.
¿Quiénes son los afectados?
En septiembre de 2010, el Instituto de Políticas Migratorias publicó un estudio en el que proyectaba que acabar con la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres inmigrantes indocumentados duplicaría la población de personas sin estatus migratorio en Estados Unidos, en este caso por menores de edad que quedarían sin nacionalidad. Calculaba que para 2050 pasaría de 11 millones a 24 millones de personas.
La demanda de ACLU y otras organizaciones fue hecha en nombre de algunos de sus sin estatus permanente y de comunidades afectadas.
"Negar la ciudadanía a bebés nacidos en suelo de Estados Unidos es ilegal, profundamente cruel y contrario a nuestros valores como país", agregó Cody Wofsy, subdirector del proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU y quien lidera la demanda.
En el texto, cuentan la historia de Gail y Thomas. Gail está embarazada y su bebé nacerá a finales de febrero. Junto a su esposo, Thomas, llegaron al país con una visa de turista en 2023 y ahora esperan el resultado de su aplicación de asilo.
Narran la historia de Faith, cuya fecha de parto es en marzo de 2025. Ha vivido en el país por más de 20 años y es beneficiaria de DACA. Su pareja no tiene ni residencia permanente ni es ciudadano estadounidense.
También está Jonathan, cuyo hijo nacerá en abril. Ha vivido por más de 30 años en Estados Unidos pero ni él ni su pareja tienen estatus migratorio. Y Carmen, también embarazada y quien tiene más de 15 años en el país. Está a la espera del resultado de su aplicación a una visa U, para víctimas de ciertos crímenes. No tiene otro estatus migratorio.
Las organizaciones, lideradas por ACLU, demandan que quitar el derecho a la ciudadanía a estos niños los deja sin país de origen y les niega más derechos a futuro, como el del voto, el de poder servir como jurados, el de representar a sus padres y comunidades, el de trabajar como funcionarios federales, y el de formarse sin miedo donde nacieron.
La ciudadanía por nacimiento está contemplada en la Enmienda 14 de la Constitución. Garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en el país, con excepción de los hijos de diplomáticos extranjeros.
Esta demanda es la primera que lleva el tema a los tribunales de Estados Unidos. Hay una segunda que fue introducida en una corte federal de Massachusetts en nombre de otra madre indocumentada cuyo bebé nacerá en marzo.
Con estos desafíos legales en tribunales es posible que el caso termine ante la Corte Suprema. Independientemente de lo que decida el máximo tribunal, la única vía que le queda a Trump para eliminar este derecho es una reforma constitucional. Es un largo proceso que requeriría el voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de las asambleas estatales.
