Las redes sociales aflojan sus reglas para anuncios políticos y abren paso a la desinformación
A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, las grandes empresas de tecnología han decidido flexibilizar sus normas de moderación en cuanto a contenidos políticos. Buscan dinero. Es evidente. Pero también generan preocupación entre quienes luchan contra la desinformación. La mentira política pagada puede ser fatal para la democracia.
El 29 de agosto de 2023, cuatro años. Ahora, permitirá la promoción política pagada, tanto a favor como en contra de candidatos o partidos, y también acogerá pedidos pagados para donaciones de campaña. No ha explicado, sin embargo, cómo abordará estos anuncios si contienen datos falsos o engañosos. X guarda silencio sobre el asunto.
La situación en Meta (dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp) tampoco es alentadora. El 1 de septiembre, la ONG Media Matters publicó una investigación que reveló que la empresa había permitido anuncios políticos contratados por una organización de ultraderecha sin etiquetarlos como contenido político pagado. Estos anuncios incluían duras críticas políticas y varias teorías conspirativas sobre el sistema educativo de Estados Unidos. Eran mentiras que la ultraderecha quería que se viralizaran, pero que solo lo haría con dinero de publicidad.
El pasado jueves, 7 de septiembre, Google y YouTube anunciaron sus reglas para aceptar anuncios políticos generados por inteligencia artificial. Pues sí, las dos plataformas están listas para aceptar material completamente fabricado. Solo exigen que los anunciantes informen que usaron inteligencia artificial en su creación, en el audio o en la imagen de la propaganda. Con esto, pondrán etiquetas. Las dos plataformas, sin embargo, no han especificado claramente qué harán con los anunciantes que no cumplan esta norma o con los que la cumplan pero utilicen datos falsos o engañosos.
Desde agosto y hasta el 16 de octubre, la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) recopila opiniones de expertos sobre si se debe (o no) permitir a los candidatos y partidos utilizar inteligencia artificial en sus campañas de 2024. Lo curioso es ver que Google y YouTube se adelantaron al resultado de la discusión y ya saben cómo proceder. También ignoran el hecho de que, en 2020, 54% de los estadounidenses pensaban que las big techs no deberían aceptar anuncios políticos de forma general.
Según las proyecciones realizadas por AdImpact y publicadas en julio de 2022, previo a las elecciones de medio término, se gastarían 9.7 mil millones de dólares en propaganda política en Estados Unidos el año pasado, La televisión sería el principal beneficiario, pero la inversión en propaganda política digital subiría significativamente. Google y Facebook, por ejemplo, obtuvieron 388 millones de dólares en anuncios políticos en Estados Unidos entre enero y agosto de 2022. Lo que estas y otras plataformas buscan ahora es aumentar su participación en el mercado y, obviamente, competir con la inversión en televisión.
Es un equívoco pensar que los anuncios políticos en el mundo digital carecen de influencia entre los votantes. Según una encuesta del Pew Research Center, en 2020 el 23% de los s de redes sociales en Estados Unidos cambiaron sus opiniones sobre temas políticos o sociales debido a lo que vieron en las redes sociales. En 2018, este porcentaje rondaba el 15%. El incremento es notorio.
En resumen, faltando poco más de un año para las elecciones de 2024, estamos entre los políticos que buscan popularidad y votos a través de las redes sociales y las grandes empresas tecnológicas que ven una oportunidad de aumentar sus ingresos al facilitar la promoción política en sus plataformas. Parece una pareja en movimiento extremadamente difícil de detener.
¿Cuál podría ser la solución? Exigir transparencia a los políticos en la creación de sus campañas, ya sea con o sin inteligencia artificial, y demandar de ellos que utilicen datos veraces al defender sus ideas o atacar a sus oponentes. No vendría mal que en sus campañas reportaran siempre sus fuentes de información.
De las plataformas, debemos demandar mayor transparencia, exigiendo sistemas que permitan rastrear quién pagó por cada tipo de contenido político y cuándo lo hizo. Es hora de que Google y Facebook mejoren las bibliotecas de anuncios digitales y que X desarrolle una. Todas ellas deberían, además de eso, mostrar una política clara sobre cómo van a abordar los anuncios políticos que sean engañosos o que contengan falsedades.
Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa.
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