¿Por qué eliminar el sistema de cupones de comida, como el gobierno sugiere, si este funciona bien?

Una de las mayores sorpresas del último presupuesto de la istración Trump fue la propuesta para reemplazar la asistencia alimentaria con paquetes de comestibles no perecederos que, según trascendió, habrían de enviarse a los hogares de los destinatarios. Los críticos se mofaron de la idea de la ‘America’s Harvest Box’ (Canasta de Alimentos de Estados Unidos) casi inmediatamente. Intercambiar las tarjetas de débito de SNAP (Programa Asistencial de Nutrición Alimentaria, por sus siglas en inglés) por cajas de comida a lo Blue Apron provocó tanta burla que los expertos imaginaron que tenía que ser pura distracción (entre los críticos sobresale Joe Sanberg, un inversionista fundador de Blue Apron: “Suena a broma cruel y cínica: como Blue Apron, pero producto de una desesperada pobreza”).

Incluso si Sonny Perdue, secretario de Agricultura, y Mick Mulvaney, director de la Oficina de istración y Presupuesto, no promueven los paquetes de ayuda de buena fe –inclusive si la Harvest Box resulta una iniciativa sin futuro–, la istración Trump aún piensa en dramáticas modificaciones en este sector. El presupuesto de la Casa Blanca exige un recorte de SNAP de 213,000 millones de dólares, es decir de un 30%, en 10 años. Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) apoya la presentación de requisitos de trabajo para asistencia alimentaria.

El giro hacia la austeridad de la istración federal levanta algunas preguntas acerca de la asistencia alimentaria (así como los programas de ayuda inmobiliaria, de atención de salud o cualquier otro programa de la red de seguridad social que la Casa Blanca busca ‘reformar’ añadiendo requisitos laborales). Una es si estas propuestas están motivadas por razones ideológicas. Irreflexivas sugerencias como enviar comida a aproximadamente 42 millones de hogares pobres en Estados Unidos (¡como una práctica de ahorro, nada menos!) dejan entrever que Mulvaney y compañía no son burócratas desinteresados queriendo ahorrarse unos pesos.

El Partido Republicano nunca ha abandonado su animosidad contra la asistencia alimentaria, pero tampoco ha cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, Paul LePage, gobernador de Maine, ha amenazado con retirar su estado de SNAP si el USDA no le permite prohibir el uso de los beneficios para comprar comestibles azucarados o bebestibles. Su par de Wisconsin, Scott Walker, quiere implementar pruebas de drogas para todo adulto que reciba ayuda alimentaria. Las leyes estatales tanto en Maine como en Massachusetts establecen que las tarjetas EBT para la asistencia alimentaria tengan fotos, incluso si no funcionan del todo para detener el fraude. Luego están los casos de abuso más célebres, como aquel surfista que compraba langostas con bonos de comida y que, en una entrevista para en un programa de Fox News, fumando un cigarrillo electrónico, rechazó una oferta de trabajo.

Fuera de la caja de resonancia de Fox News, la mayoría de los beneficiarios de SNAP son niños, personas de más de 60 años o discapacitados. Y pese a lo que haya desatado la furia de la derecha por los bonos, lo cierto es que SNAP sí funciona.

De hecho, la asistencia alimentaria es una de las mejores herramientas del gobierno federal para ayudar a las familias más necesitadas a despegar económicamente y a comenzar a ser independientes. Dar comida a quien la necesita, y a los niños en especial, es un modo de apuntalar la economía, por lo que no se debe mirar al programa a través de estrechos lentes financieros.

De acuerdo con el Centro de Prioridades Políticas y Presupuesto, un 93% de los gastos de SNAP va directamente a los hogares para comprar comida. En otras palabras, cualquier modificación al programa que añada costos o barreras istrativas, tales como pruebas de drogas o requisitos de empleo, alejan la comida de los platos de las personas. Y recordemos que la cifra de favorecidos por SNAP y otros planes similares ya está disminuyendo, después de alcanzar su punto máximo en 2013, de modo que el programa no crea presiones de presupuesto adicionales.

Poniendo a un lado los estándares morales de la decencia, Estados Unidos ahorra dinero contribuyendo a que los más desamparados coman, situación análoga a la vivienda o la atención médica.

Los beneficios de SNAP ayudaron a 8.4 millones personas a salir de la pobreza en 2015. Para las familias con niños, la asistencia alimentaria llevó a reducir la brecha de la pobreza –esa es la distancia entre el ingreso de una familia y la línea de pobreza federal– en un 37% el mismo año. La asistencia alimentaria es particularmente importante en la reversión de la pobreza extrema, que es cuando los hogares ganan menos de la mitad del nivel federal de pobreza. Es en este sentido que SNAP condujo a rebajar a la mitad el número de niños que vivían en pobreza extrema.

Si eso no bastara para convencer a los que aplauden las reformas, entonces esta tendencia sí debería: tras el aumento en los gastos que sobrevino con la Gran Recesión, que vio cómo el gasto de SNAP pasaron en 6 años de 30,400 millones de dólares a 76,100 millones de dólares, los niveles de beneficios ya empezaron a disminuir. Bajaron a 63,700 millones de dólares en el año fiscal 2017, y siguen a la baja.

Estas cifras anti-pobreza, tomadas de un informe publicado por el Instituto Urbano el pasado jueves, muestran que el programa SNAP no debería ser limitado, abandonado o, en última instancia, reformado. Así como está funciona bien. En todo caso, los legisladores deberían duplicar la ayuda alimentaria. Desde la Gran Recesión en particular, la asistencia ha ayudado a millones de hogares a rebasar la pobreza, sin importar raza, región, composición del hogar y capacidad laboral. Esta iniciativa es especialmente útil a las familias que viven la pobreza más descarnada del país. Las drásticas reducciones de la pobreza en el Medio Oeste –y de la pobreza extrema en el Sur y en los hogares rurales– sugieren que estas ayudas alcanzan a muchas personas que, irónicamente, votan por el partido que ahora quiere desmantelar SNAP (como suele ocurrir).

El concepto de pobreza extrema es un indicador subutilizado para evaluar los programas de seguridad social. Y las gradaciones de la pobreza sí importan. “Una reducción de la pobreza extrema puede reflejar una mejoría en las circunstancias familiares incluso cuando la cantidad total de personas sumidas en la pobreza permanece invariable”, indica el reporte del Instituto Urbano.

Los beneficiarios que reciben más de SNAP son los niños, los residentes no metropolitanos y las familias de clase trabajadora (el modelo del Instituto Urbano mide el impacto de la asistencia usando el Indicador de Pobreza Complementaria y corrigiendo los errores de registro por medio de encuestas a los destinatarios). Si bien la participación en SNAP ha venido decreciendo naturalmente, muchos hogares que califican para el programa no participan. Impulsar la participación de las familias elegibles sería más útil para las personas con 65 años o más.

Es difícil restarle importancia a cómo la Gran Recesión puso a prueba a la red de seguridad social estadounidense. La inscripción en SNAP creció de 26.3 millones de participantes mensuales en 2007 (año fiscal) a 47.6 millones en 2013 (año fiscal), según el informe. De hecho, las inscripciones son todavía bastantes, pero comenzaron a ceder en 2014 y siguen haciéndolo. En el último año fiscal solamente, los registros en SNAP decayeron hasta 42.1 millones. Esa es otra forma de decir que la asistencia alimentaria contribuye a que las familias construyan su base financiera.

Cabe especular, aunque es difícil de imaginar, lo que sería Estados Unidos hoy sin la actual red de seguridad social. En 2015, año en el que se centró el análisis del Instituto Urbano, cerca de 41 millones de estadounidenses vivían en la pobreza. Si pusiéramos SNAP a un lado, la cifra rondaría los 49 millones. Pero ese estimado al pie de la letra no capta en su totalidad lo inverosímil del entorno que, sin SNAP, habría seguido a la Gran Recesión. Millones de hogares más, familias con niños o personas mayores, tendrían que tomar decisiones que nadie debería tomar sobre si pagar por alojamiento, comida o medicinas.

Pero los ‘visionarios’ en la Casa Blanca quieren echar eso por el caño. Y ni qué decir tiene que distribuir tarjetas EBT es más fácil que entregar comida. Considere cualquiera de las decenas de formas en que se pudiera arruinar un almuerzo de Trump: podría no llegar nunca; podría contener ingredientes con alérgenos o restricciones religiosas; o quién sabe si se echa a perder o se lo roban. Debería construirse un enorme complejo industrial de ‘comida postal’ para rastrear dónde viven los destinatarios, dónde trabajan, dónde viven sus hijos, sus padres, y qué deberían comer todas estas personas. Cada comida tendría que llegar, llueva, truene o relampaguee, los siete días de la semana. Se trata de un proyecto que tiene poco de conservador.

Tal vez no valga la pena distraerse con esto, ya que no va a suceder . A la vez, los recortes presupuestarios propuestos por la Casa Blanca también se ven difíciles. De hecho, alimentar el hambre de los medios por la indignación moral de la era Trump puede ser el único objetivo perseguido por la famosa Harvest Box (Canasta de Alimentos). Sin embargo, los recortes a los beneficios parecen inevitables.

Los conservadores deberían preguntar por qué. Es mucho más barato brindar comida (o comestibles) a las familias de un modo en que puedan superar la pobreza de lo que lo es tratar las enfermedades sociales más serias –desde la falta de vivienda y la malas condiciones de salud, hasta la adicción a las drogas y todas nuestras ‘enfermedades de desesperación’– que continúan golpeando sin cesar.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.