En pocas horas anulan la orden de liberar al expresidente de Brasil 'Lula' da Silva
En pocas horas, y en medio de un efervescente debate, fue anulada la orden dada el domingo por un juez para liberar al expresidente Luiz Inacio ‘Lula’ Da Silva, dejando a los seguidores del exmandatario brasileño frustrados.
La tarde del domingo, el juez Joao Gabran Neto, jefe del tribunal que analiza la apelación de la condena de prisión a 12 años por corrupción que cumple Da Silva, anuló la sentencia que unas horas antes había emitido su colega de Rogerio Favre ordenando su excarcelamiento inmediato.
Favreto era el juez de guardia del circuito de Curitiba este domingo cuando tomó la inesperada decisión, que generó una inmediata polémica en círculos políticos y legales de Brasil, país en el que todo lo quie tiene que ver con el expresidente genera división y debate.
El juez Favreto dijo el domingo que ‘Lula’ debe ser sacado de la prisión de Curitiba para que enfrente en libertad el proceso de apelación que está en curso.
Los seguidores de Da Silva se concentraron a las afueras del edificio de la Policía Federal en Curitiba, en cuya prisión está encarcelado el exmandatario desde que en abril la Corte Suprema de Justicia ordenara su inmediata reclusión para el cumplimiento de su condena por corrupción.
Apenas conocida la decisión de Favreto, el juez de la causa original por la que el exmandatario fue condenado, ordenó a la policía no cumplir con la medida de excarcelar a Lula.
“Con el debido respeto, (el juez Favreto) no tiene la autoridad para anular la decisión”, dijo Moro este domingo, en referencia a la decisión de la Corte Suprema que por seis votos contra cinco ordenó el arresto de ‘Lula’", dijo el juez federal Sergio Moro, quien ha manejado el caso de la llamada Operación Autolavado, que terminó con el encarcelamiento del expresidente y de varios altos dirigentes de su organización política, el Partido de los Trabajadores.
De acuerdo con medios brasileños, el juez Favreto tiene vínculos con el Partido de los Trabajadores de Lula, en el que ha militado por 20 años, y además trabajó en el gobierno del exmandatario entre 2005 y 2010.
Da Silva, de 72 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 al mando de un gobierno de izquierda y tintes populistas que se benefició del crecimiento económico que registró el país impulsado por una favorable coyuntura internacional. Su sucesora y copartidaria Dilma Rousseff le tocó lidiar con el estallido de la crisis financiera mundial y los casos de corrupción heredados de tiempos de líder izquierdista.
Rousseff fue destituida por el Congreso en 2016 por un polémico tema no relacionado con casos de corrupción del gobierno anterior, en el cual sirvió como jefa de gabinete, sino por supuestos malos manejos presupuestarios.
El exmandatario es una figura polarizadora de la Sociedad brasilena y genera por igual la iración fervorosa de sus simpatinzantes y el rechazo visceral de sus oponentes, como quedó demostrado en abril mientras se esperaba que la Corte decidiera si lo enviaba a prisión en medio de movilizaciones de calle a favor y en contra.
El caso Autolavado
En 2014, tras su salida del poder, la fiscalía empezó una investigación contra los ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras a los que señalaba de haber aceptado sobornos a cambio de la asignación de contratos de construcción.
Dentro de ese esquema, ‘Lula’ fue hallado culpable de aceptar un apartamento en la playa valorado en más de un millón de dólares por parte de OAS, una de las compañías bajo investigación.
Pero la defensa del expresidente indica que la propiedad del apartamento no ha sido probada y que el caso en su contra está fundamentado en las declaraciones del exdirector de OAS, quien ha sido condenado por corrupción.
‘Lula’ perdió su primera apelación contra su sentencia en enero. En ese momento la corte no solo mantuvo la orden del juzgado inferior sino que la aumentó tres años y medio, llevándola hasta 12 años de prisión.
Da Silva siempre ha mantenido que el caso en su contra es una venganza política y que solo busca impedir que se presente como candidato a las presidenciales de octubre, ya que la ley brasileña impide que personas con historial criminal puedan postularse a cargos públicos.
El tribunal electoral dictaminará en agosto si Lula puede presentarse a la nominación.
Sin embargo, sus simpatizantes, acicateados por las encuestas de opinión que colocan al expresidente como favorito para ganar las elecciones, han lanzado una ‘campaña de pre-nominación’ el pasado mes en un evento en Minas Gerais.
