El llamado "paquetazo de reformas" calienta las calles de Nicaragua y el sandinismo reprime la protesta
MANAGUA, Nicaragua.- Al menos tres muertos y más de una decena de heridos es el resultado de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que han salido a las calles a protestar contra la reciente reforma a la Seguridad Social, que reduce las pensiones de los jubilados y aumenta las cuotas que trabajadores y empleadores deben pagar.
A la represión ejercida por efectivos antidisturbios de la Policía Nacional se han sumado los ataques de grupos de choque afectos al presidente Daniel Ortega contra los manifestantes, en su mayoría jóvenes y ancianos.
Los fallecidos, confirmados por la vicepresidenta, Rosario Murillo, son el oficial Jilton Manzanares, de 33 años, quien "fue asesinado con una escopeta" durante los disturbios ocurridos en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli), en la capital, informó la policía al portal oficial de noticias.
Otra víctima es Richard Pavón, de 17 años, quien murió a "a consecuencia de impactos de bala por grupos" que pretendían atacar la alcaldía de la ciudad de Tipitapa, aledaña a la capital, indica el parte.
La tercera víctima fue Darwin Manuel Urbina, asesinado en los alrededores de la Universidad Politécnica (Upoli) en Managua.
La vicepresidenta Rosario Murillo condenó las muertes y las atribuyó a los ciudadanos que protestan en las calles. “Promueven estos actos tan terribles que parecen vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política, para alimentarse. Porque el vampiro se alimenta con sangre, cree que con eso logra avances en sus agendas políticas”, aseguró.
La también primera dama acusó a la población que protesta de que “sin pudor, sin vergüenza alguna trabajan porque quieren reinstalar la violencia como herramienta de esas mezquinas batallas”.
“Son crímenes de odio”, bramó Murillo y restó importancia a la represión de las fuerzas especiales y las turbas sandinistas.
Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega no ha hecho ninguna aparición pública ni se ha referido a los disturbios.
La policía también confirmó que al menos dos civiles sufrieron heridas de bala, mientras que la oposición informó también de un universitario de varios lesionados.
Uno de los heridos de gravedad es el reportero del programa de radio Onda Local, Julio López, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Vélez Páiz tras ser golpeado con brutalidad en la cabeza.
En simultáneo con los disturbios callejeros el gobierno de Ortega mandó a cerrar cuatro canales privados de televisión por informar de los choques.
El malestar social inició desde el lunes cuando el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, anunció la reforma. Aunque el gobierno intentó minimizar los puntos más polémicos, el repudio tomó auge en las redes sociales, donde los ciudadanos se autoconvocaron a protestar en la capital Managua y las ciudades de León, Matagalpa y Masaya.
Este miércoles la tensión llegó a su punto álgido luego que el presidente Daniel Ortega oficializara la reforma a la Seguridad Social a través de un decreto presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. Ortega validó cada punto modificado por López, entre ellos el impuesto de 5% que los pensionados deberán pagar por la atención médica que reciben.
Los jubilados y los jóvenes salieron a las calles a protestar al final de la tarde de este miércoles, pero su protesta fue dispersada por la fuerza: primero la denominada Juventud Sandinista (JS), que actúa como fuerzas de choque gubernamental, agredieron a los ciudadanos autoconvocados.
La Juventud Sandinista opera motorizados con sus rostros ocultos detrás de cascos. Son los más violentos y fueron quienes asediaron la protesta con tubos y garrotes. Las turbas golpearon con brutalidad a decenas de jóvenes, ancianos y periodistas independientes que le daban cobertura a la protesta. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza varias personas con heridas en la cabeza.
Las agresiones ocurrieron frente a oficiales de la Policía Nacional, que según testigos, no actuaron para proteger a jóvenes y ancianos. Univision Noticias constató cómo uno de los oficiales siguió chateando plácidamente mientras una joven era golpeada en el piso con un casco por un motorizado.
“La policía se ha portado como un órgano represor y cómplice de estas turbas”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, quien durante la protesta estuvo reclamando a la Policía por su actuación.
Pese a la persistente agresión de las turbas, una de las principales vías de a Managua, el plantón pacífico no se disolvió. Los conductores que transitaban esa vía a la hora pico de la tarde tocaban la bocina en señal de respaldo a los jóvenes y adultos mayores. Algunos incluso se ofrecían a socorrerlos cuando las turbas los rodeaban. Momentos después que los motorizados y la JS cesaron la agresión, un destacamento de oficiales antidisturbios llegó a quebrar de una vez por todas la manifestación.
Armados de escudos, bombas de gases lacrimógenos y bastones, los antimotines replegaron con fuerza la protesta. En ese forcejeo las turbas aprovecharon para arremeter de nuevo también. Cuando los manifestantes eran rodeados, los despojaban de sus celulares, billeteras y todo objeto de valor, siempre frente a las narices de las autoridades policiales.
Cierre de medios de comunicación
Entre los heridos estuvo el fotoperiodista Alfredo Zúniga de Associated Press (AP): resultó con una lesión en el cráneo y su cámara fue robada por las turbas. De hecho, las turbas también se dedicaron a robarles a los manifestantes. Al camarógrafo del canal local ‘100% Noticias’ también le fue arrebatada su cámara y este jueves a mediodía, la señal de la estación fue suspendida mientras transmitía las protestas, que continúan en varias ciudades del Pacífico de Nicaragua.
Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega para que garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse con libertad, sin temor de ser reprimidos. "El Estado debe poner fin de inmediato a todos los actos de agresión contra la población y la prensa, y promover una investigación oportuna, imparciale independiente para llevar a la justicia a los responsables de estos ataques", dijo Érika Guevara, directora de AI para las Américas.
Por otra parte, el capítulo nicaragüense de la asociación mundial de escritores PEN denunció "el cese (indefinido) de la transmisión de los canales independientes 100% Noticias, Canal 12 (temporal), Canal 23, Canal 52 de la Conferencia Episcopal y del canal de cable Telenorte".
"El gobierno ha ordenado a las empresas de cable sacar del aire la señal", dijo el director de canal 15 (por suscripción), Miguel Moral, denunciando "una clara violación al derecho a la libertad de prensa".
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) pidió que los medios "suspendidos puedan reiniciar sus labores de forma inmediata". Horas después, un medio de señal abierta, canal 12, fue reabierto.
"Llamamos a la calma y que las fuerzas del orden respeten a los medios de comunicación y los derechos de los manifestantes", reclamó la embajadora estadounidense, Laura Dogu, en Twitter.
Impuesto del 5% es ilegal
Manuel Israel Ruiz, experto en temas relacionados a la Seguridad Social, explicó a Univisión Noticias que el impuesto del 5% a las pensiones es ilegal, ya que es un tributo que solo puede ser modificado por la Asamblea Nacional. Es decir, que el decreto presidencial 03-2018 y la resolución del INSS violan la Constitución Política de Nicaragua.
El “paquetazo de reformas”, como le han llamado a la decisión gubernamental, también establece que los trabajadores deberán pagar 7% de su salario a la Seguridad Social. Mientras, el aumento más fuerte lo sufrieron los empleadores, quienes ahora deberán pagar 22.5% en concepto de cuota patronal.
El sector privado reaccionó con indignación ante el anuncio de las reformas. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que las reformas a la Seguridad Social “rompieron el diálogo y consenso” que han mantenido con el gobierno de Ortega. Esta relación entre el sector privado y la istración sandinista ha sido usada por ambas partes como ejemplo de “armonía y estabilidad económica”. Sus críticos han llegado a decir que se trata de un modelo corporativista sin sostenibilidad a largo plazo, ya que se sustenta en la voluntad del gobernante y no en la institucionalidad.
La decisión del INSS “no responde a una estrategia para garantizar el empleo sostenido del país, la generación de empleo, el incentivo a la formalidad para incrementar la base de cotizantes, las decisiones de inversión, actuales y futuras, y nos haría perder competitividad inmediata en la región”, dijo Aguerri.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), también lamentó las reformas y aseguraron que afectará la competitividad del país. El gobierno de Ortega espera recaudar con estas reformas unos 200 millones de dólares anuales, que equivalen al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La necesidad y la urgencia del dinero se deben a que la Seguridad Social está al borde de la quiebra. El Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que de no enderezar las finanzas, el INSS caería en bancarrota entre el 2019 y el año 2021.
La razón de las penurias de la Seguridad Social son variadas, pero una que aceleró el deterioro fue la aprobación de pensiones reducidas a personas que no cotizaron las 750 semanas establecidas por la ley. El gobierno de Ortega decidió recargar el sistema con estas pensiones en una respuesta populista en 2013. Expertos en seguridad social criticaron en su momento que los fondos para pagarlas decidieron salir del Estado y no del INSS.
Pero otra de las razones que más indignan a los ciudadanos es que el INSS ha sido ocupado con una especie de “caja chica” del gobierno. El ente ha hecho una serie de inversiones millonarias poco transparentes que benefician a allegados al poder, como ha revelado los diarios La Prensa y Confidencial. Edificios habitacionales de lujo en Managua que nunca han sido habitados, por ejemplo.
Además, las reformas ordenadas por el gobierno mantienen intacto el excesivo gasto istrativo del INSS, que es del 13%, cuando la experiencia internacional indica que no debería superar el 6.5%.
Cuando Daniel Ortega retomó el poder en el año 2007, su gobierno recibió el INSS con un superávit de cinco mil millones de córdobas. Sin embargo, las reservas ahora son exiguas. Fuentes del INSS relataron que se acabarán en agosto de este año. “Por eso lanzaron esta reforma”, dijo un técnico del INSS.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), calificó la finalidad de la reforma como “meramente recaudatoria”.
“Alguien que ganaba 18 mil córdobas por ejemplo, verá reducir su pensión en 15%. Si esta persona gana alrededor del salario mínimo, su pensión se reducirá en 30%”, explicó el economista Chamorro. “De manera que así como hay un castigo a los estratos más bajos, también lo hay para los del otro extremo de la escala salarial”.
