El Proyecto 2025 revela cómo Trump puede obligar a cualquier país a aceptar a inmigrantes deportados de EEUU

Uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el presidente electo, Donald Trump, cuando lance su prometido plan de deportaciones masivas es obligar a los países del mundo entero aceptar inmigrantes deportados de Estados Unidos.

Hasta ahora se conocen unos cuántos detalles de la operación que involucraría, de acuerdo con declaraciones hechas por Tom Homan, nominado por Trump para ocupar el cargo de ‘zar’ de la frontera a cargo del gigantesco operativo.

Se ha sabido, por ejemplo, que participarán agentes federales de varias agencias involucradas en el proceso migratorio, agentes de policía locales (estatal, condal y municipal) y tropas del Ejército, aunque estos últimos en tareas de apoyo a las fuerzas federales de inmigración. En esas tareas figuran el traslado de inmigrantes arrestados, levantar campamentos temporales de detenidos y asuntos relacionados con la seguridad en las fronteras.

Pero hay dos preguntas que, a casi tres semanas de las elecciones, siguen dando vueltas sin que haya detalles más profundos por parte de alguno de los nominados hasta ahora por Trump para integrar su gabinete: el propio Homan, Stephen Miller, quien ocupará el cargo de subdirector de política de la Casa Blanca, y Russell Vought, quien comandará la Oficina de istración y Presupuesto.

Los tres en la lista de nominados por el presidente electo para ser parte del gabinete en su segundo mandato tienen algo en común: son parte clave de los más de 100 autores del Proyecto 2025, el plan conservador preparado por decenas de exfuncionarios del primer gobierno de Trump.

El Proyecto 2025 propone cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de acciones ejecutivas que pone en la mira de las deportaciones a la totalidad de indocumentados y amenaza con procesos de investigación exhaustivos para quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.

La lista también incluye a Brendan Carr, quien estará a cargo de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés), y John Ratcleffe, quien dirigirá la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés).

Si bien Trump ha buscado distanciarse del Proyecto 2025 debido a las fuertes críticas que surgieron en la última parte de la campaña por sus radicales propuestas migratorias y al gobierno federal en su conjunto, los nombramientos evidencian cada vez más de que ha convivido y discutido la estrategia ultraderechista y la está haciendo parte de su nueva política de ‘tolerancia cero’.

Los inmigrantes blanco del plan de deportaciones masivas de Trump

Tanto Trump como el vicepresidente electo, JD Vance, y Homan han revelado que a partir del primer día del nuevo gobierno y durante el primer año serán deportados entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con orden de deportación en ausencia.

También han mencionado la posible cancelación de Programas de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA), el 'parole humanitario' (CHNV) y la aplicación móvil CBP One.

El número total aproximado de todos estos beneficios, sin embargo, supera las proyecciones emitidas hasta ahora:

• Órdenes de deportación emitidas: entre los años fiscales 2015 y 2024, la Corte de Inmigración (EOIR en inglés) ha emitido más de 928,000 órdenes de deportación en ausencia, incluidos menores no acompañados (o UAC por la siga en inglés)

• Jóvenes amparados por DACA: unos 560,000 dreamers están protegidos de la deportación bajo DACA

• Personas con 'parole humanitario': hasta finales de octubre de 2024, 531,620 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron libertad condicional en virtud de los procesos de libertad condicional (‘parole humanitario')

• Personas con citas en CBP One: desde que se introdujo el programa CBP One en enero de 2023, hasta finales de octubre de 2024 más de 860,000 personas han logrado programar citas para presentarse en los puertos de entrada. Los principales beneficiarios son originarios de Venezuela, Cuba, México y Haití.

En total, se trata de una población aproximada de 2,879,620, casi el doble de las proyecciones estipuladas hasta ahora. A la pregunta si el gobierno federal tiene capacidad de respuesta para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y arresto de todos esos extranjeros, Homan ha dicho que, no sabrá de los recursos de infraestructura, personal y presupuesto hasta que asuma la nueva istración el 20 de enero de 2025.

En la mira una herramienta clave para poder deportar a extranjeros

Una campaña de deportaciones masivas requerirá cientos de miles de millones de dólares adicionales que, por ahora, el Congreso no ha aprobado.

Y los fondos de que dispone actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) —unos $176.18 mil millones de dólares en el año fiscal 2024— evidencian que el gobierno federal no tiene la suficiente capacidad de respuesta para lidiar con la crisis migratoria que acorrala al gobierno de Joe Biden.

Algunos ejemplos. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 heredó del gobierno de Trump 1.2 millones de casos acumulados en la Corte de Inmigración, de acuerdo con datos del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

En octubre de 2024, casi cuatro años más tarde, el número de casos supera los 3.7 millones de casos y, en promedio, los tribunales demoran entre 4 y 6 años en resolver un caso, principalmente de asilo.

Por su parte, en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) hay más de 9.2 millones de casos acumulados al 30 de junio de 2024, de acuerdo con la base de datos de la agencia federal.

Y la capacidad máxima de camas diarias en la Oficina de Inmigración y aduanas (ICE en inglés), encargada de las deportaciones, mantuvo a 38,863 personas en detención según datos actualizados al 3 de noviembre de 2024 por el TRAC. Los centros con mayor cantidad de inmigrantes privados de libertad se localizan en Texas, Louisiana y California.

La otra interrogante se centra en qué hará el nuevo gobierno para deportar masivamente a extranjeros con antecedentes criminales, con órdenes de deportación en ausencia y los otros grupos incluidos en la lista (beneficiarios de DACA, TPS, 'parole humanitario' y CBP One que se vean afectados). Entre ellos hay inmigrantes de países que no aceptan a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos, entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Otros países señalados por ICE como "recalcitrantes" se rehúsan o no cooperan para aceptar el regreso de nacionales deportados desde Estados Unidos, según un reporte de Univision Noticias publicado en 2017.

Esa lista de países está integrada por Afganistán, Argelia, Bangladesh, Cabo Verde, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Irán, Irak, Liberia, Libia, Mali, Mauritania, Níger, Santa Lucía, Sierra Leona, Senegal, Somalia y Zimbabue. Con otras 62 naciones existe una ‘cooperación tensa’, ha indicado la dependencia federal.

Para enfrentar este complejo escenario, que puede echar por tierra el plan de deportaciones masivas de Trump, el Proyecto 2025 recomienda una poderosa herramienta que le otorga al Ejecutivo el poder necesario para torcer brazos e imponer su política migratoria de ‘tolerancia cero’ a cualquier precio: invocar y utilizar la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Qué dice el Proyecto 2025 sobre usar una ley para acelerar las deportaciones

En la página 211 del Proyecto 2025, en el capítulo relacionado con las reformas al Departamento de Estado, los autores del documento conservador citan la Sección 243(d) de la INA para hacer frente a una escalada de deportaciones masivas.

En el documento se lee lo siguiente:

De aplicarse la Sección 243(d) de la INA, los efectos del impacto serían severos y forzaría a los países “recalcitrantes”, como los llama ICE, a ceder y aceptar a sus ciudadanos deportados a cambio de no perder los visados para hacer negocios o poder entrar al país bajo algunas de las más de 65 categorías de visas existentes.

Entre esas visas clave están la B1/B2 (para viajes de turismo o negocios), la J y M (para estudiantes), la L (para gerentes de empresas), la H2 (para trabajadores temporales o profesionales y la H1B (para trabajadores profesionales).

El reporte anual del DHS correspondiente al año fiscal 2023 muestra que ese año se registraron aproximadamente 132 millones de isiones de no inmigrantes a Estados Unidos. Estos incluyeron 68 millones de isiones de no inmigrantes a quienes se les emitió el Formulario I-94.

Las isiones de no inmigrantes en 2023 aumentaron un 52% con respecto a 2022 y fueron un 16% ciento más bajas que en 2019, el último año completo previo a la pandemia. Además, durante la pandemia las isiones de no inmigrantes alcanzaron un punto bajo de 160,000 en abril de 2020, seguido de un aumento general hasta un máximo de 7.1 millones en agosto de 2023, y luego 6.2 millones en septiembre de 2023.

El informe añade que, de los más de 68 millones de isiones I-94 en 2023, el 88% fueron visitantes temporales por negocios o placer (visas B1/B2), el 7.3% fueron trabajadores temporales y sus familias (visas tipo H2) y el 2.5% fueron estudiantes y sus familias (visas F y M).

Al igual que en 2022, los cuatro principales países de ciudadanía para isiones I-94 fueron México (29%), Canadá (20%), Reino Unido (6.2%) e India (3.8%).

Qué estipula la Sección 243(d) migratoria de la que se habla en el Proyecto 2025

• La Sección 243(d) citada en el Proyecto 2025 explica que “ICE deporta a los no ciudadanos sujetos a órdenes finales de deportación (incluye las deportaciones en ausencia) a su país de ciudadanía”.

Detalla que, como parte del proceso de deportación, “el gobierno de Estados Unidos solicita que los gobiernos extranjeros tomen las medidas adecuadas para confirmar la ciudadanía de las personas sospechosas de ser sus ciudadanos, incluida la realización de entrevistas cuando sea necesario” a través de las respectivas embajadas y consulados acreditados en territorio estadounidense.

• A su vez indica que las dependencias diplomáticas tienen la responsabilidad de “otorgar la emisión oportuna de documentos de viaje, cuando corresponda” y los respectivos gobiernos “la aceptación del regreso físico de sus ciudadanos en vuelos comerciales programados o, cuando sea necesario, vuelos chárter especiales”.

• La herramienta añade que “cualquier falta de cooperación de la nación de origen retrasa y, en muchos casos, inhibe el proceso de deportación” y que “los países clasificados por ICE como no cooperativos también se conocen como ‘recalcitrantes’. Los factores que podrían llevar a que un país sea clasificado como recalcitrante incluyen obstaculizar los esfuerzos de deportación del ICE al negarse a tomar las medidas adecuadas.

• Por su parte, explica que los países no cooperativos “exacerban significativamente” los desafíos que presenta ICE en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001). En este caso, precisa, la Corte Suprema dictaminó que:

“Con excepciones limitadas, los no ciudadanos con órdenes finales de deportación, incluidos los no ciudadanos que se determine que representan una amenaza para la comunidad o se consideren riesgos de fuga no pueden ser detenidos por ICE más allá de un período presuntamente razonable de seis meses si no hay una ‘probabilidad significativa’ de deportación en un futuro razonablemente previsible".
El fallo judicial también indica que “las demoras en la emisión de documentos de viaje o en la denegación de la aceptación de sus nacionales complican los esfuerzos de deportación de ICE, ya que la agencia ha sido legalmente obligada a liberar a miles de no ciudadanos, incluidos aquellos con condenas penales graves”.

• En cuanto a las sanciones o castigos de visas, la Sección 243(d) precisa que “cuando países específicos niegan o demoran la aceptación de sus nacionales con órdenes finales de deportación de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede emitir sanciones de visas como un medio para alentar al país recalcitrante a cooperar”.

Y que, en conformidad con esta herramienta, “el secretario de Seguridad Nacional notifica al secretario de Estado que varios gobiernos han negado o demorado de manera irrazonable la aceptación de un nacional o nacionales cuya deportación haya sido ordenada de Estados Unidos”.

Como resultado, “el secretario de Estado puede ordenar a los funcionarios consulares de Estados Unidos en las embajadas y consulados de Estados Unidos en estos países que implementen restricciones de visas para ciertas categorías de solicitantes de visas. Estas sanciones pueden permanecer vigentes hasta que el secretario de Seguridad Nacional notifique al secretario de Estado que la cooperación en materia de deportaciones ha mejorado a un nivel aceptable”, concluye.

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