Gobierno pide comentarios del público para elaborar nueva regla de carga pública
Cuando el gobierno dejó sin efecto la regla de carga publica de Donald Trump, en marzo, reinstaló la norma de 1999 que se utiliza para determinar si un inmigrante califica o no para ser itido en Estados Unidos o recibir la residencia (green card o tarjeta verde).
Cinco meses más tarde los planes no terminan ahí. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está pidiendo comentarios del público para elaborar un nuevo reglamento elaborado, no solo en base a la política migratoria de Joe Biden, sino tomando en cuenta lo que opina el público estadounidense.
“El propósito de solicitar comentarios del público es asegurar que la propuesta sea justa, conforme a la ley, y basada en datos y evidencia relevantes”, dijo el DHS en un comunicado publicado en su página digital.
El departamento agregó que los comentarios públicos también ayudarán a asegurar “que las regulaciones propuestas no impongan cargas indebidas a los no ciudadanos que buscan la isión o el ajuste de estatus en Estados Unidos”.
La política de Trump
Tras una serie de disputas legales, el 24 de febrero de 2020 (un año después de ser anunciada), entró en vigor la regla de carga pública de Trump que vinculó el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.
La regla final modificó las regulaciones del DHS y prescribió la manera en cómo esa dependencia federal determina si una persona solicitando isión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Cuando entró en vigor, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes lanzaron fuertes críticas al Ejecutivo. "El gobierno se ha hundido en un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta de castigar a los inmigrantes que usan la ayuda del gobierno para alimentar, proporcionar atención médica y albergar a sus familias", dijo en ese momento Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC).
El plan de Biden
El 11 de marzo y tras un año de controversias, el DHS anunció el fin de la regla de Trump y el restablecimiento de la norma aprobada por el Congreso en 1999.
La decisión fue adoptada tras una revisión solicitada en enero por Biden, quien pidió a de su gabinete delinear una política migratoria enfocada en no castigar a quienes “acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles”.
Para poder desactivar la norma, el Departamento de Justicia (DOJ) envió una nota a la Corte Suprema diciéndole que el gobierno ya “no defenderá la regla de carga pública de 2019” porque hacerlo no es de interés público ni es un uso eficiente de los recursos limitados del gobierno.
La decisión suspendió inmediatamente las apelaciones que existían en las Cortes de Apelaciones del 4º y 7º Circuitos. Poco después, el máximo tribunal de justicia anunció que “desestimaba el caso” de revisión, que había confirmado en febrero. El resultado fue que la regla de carga publica de 1999 (Guía de Campo Provisional de 1999 Sobre la Disposición de Inisibilidad de Carga Pública) cobró vigencia.
La nueva apuesta
Ahora el gobierno quiere dar un nuevo paso y elaborar un nuevo reglamento teniendo en cuenta “que los inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, puedan acceder a los servicios del gobierno necesarios a los que son elegibles a fin de mantener a sus familias seguras y saludables”, dijo Ur M. Jaddou, directora de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Para poder recibir los comentarios del publico, el servicio de inmigración dijo que el DHS había publicado una notificación anticipada en el Registro Federal “para solicitar datos e información de parte del público, incluidas las agencias estatales, territoriales, locales y tribales que brindan beneficios públicos, así como organizaciones sin fines de lucro”.
EL período de comentarios es de 60 días y vence el 22 de octubre.
El DHS dijo que, una vez cerrado el plazo, tomará en cuenta la totalidad de comentarios recibidos en la elaboración de la regla final.
Estas son las claves de la Regla de Carga Pública de 1999, vigente en la actualidad.
