Cuánto podrá hacer realmente Trump al poner en su mira a 'dreamers' y otros inmigrantes

cómo el mandatario electo podría cumplir algunas de sus promesas migratorias durante su segunda istración y qué obstáculos legales y políticos podría encontrar en el camino.

Esto fue lo que respondió:

¿Qué papel desempeñan los estados en cualquier orden de Trump para deportar a inmigrantes?

Hay 11 millones de personas que viven sin autorización legal en Estados Unidos, y Trump tendría la autoridad, como presidente, para deportar a esas personas. Pero sería muy costoso pagar a los funcionarios de inmigración, los jueces de inmigración, los centros de detención, los vuelos en avión y más cosas que se requerirían para hacerlo. Las estimaciones sobre el costo de la deportación masiva varían de $88,000 millones a más de $300,000 millones al año.

La istración probablemente tendrá que depender de los gobiernos estatales y locales para ayudar a llevar a cabo estas deportaciones. El presidente no puede obligar legalmente a los gobiernos estatales y locales a cooperar con la aplicación de las leyes de inmigración. Alrededor de 10 estados, incluidos Nueva York, Massachusetts y California, tienen leyes que prohíben la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal que supervisa la inmigración y la deportación, en determinadas circunstancias.

Por ejemplo, en California, los empleadores no pueden permitir que ICE ingrese a áreas no públicas de su lugar de trabajo sin una orden judicial adecuada. Otros estados también prohíben a las fuerzas del orden compartir el estatus migratorio de ciertos delincuentes de bajo nivel.

El gobierno federal podría dar más dinero a un estado para ayudarlo a cooperar con los esfuerzos federales de inmigración y quitárselo si no coopera. Pero la jurisprudencia federal dice que el presidente no tiene la autoridad para retener dinero federal para obligar a un estado a cooperar con las acciones de inmigración.

¿Podría Trump enviar oficiales federales de inmigración a un estado que no coopera, para identificar y detener a inmigrantes?

Los estados no podrían impedir que el gobierno federal venga a arrestar y deportar a personas, pero no tienen que ayudarlas, y podrían poner algunos obstáculos. El gobierno federal tendría que proporcionar su propio personal. Texas y Arizona han aprobado recientemente leyes que requieren que las fuerzas del orden locales cooperen con el Departamento de Seguridad Nacional y hagan cumplir la ley de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para delegar y capacitar a las fuerzas del orden locales para hacer cumplir la ley de inmigración.

En algunos estados, como Texas, ICE podría recurrir a los alguaciles o a la policía locales para identificar y detener a los inmigrantes y entregarlos a ICE para que los deporte. En otros estados, como Oregon e Illinois, que quieren proteger a los inmigrantes de la deportación, pueden negarse a cooperar con las autoridades federales al no proporcionar cierta información personal sobre los inmigrantes.

¿Qué otros riesgos pueden preocupar a los inmigrantes?

Hay alrededor de 580,000 personas que viven en Estados Unidos y forman parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). DACA otorga a algunas personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños el derecho a trabajar legalmente, ir a la escuela y vivir en el país. Los tribunales ya han litigado que un presidente puede terminar legalmente con DACA a través de un determinado proceso.

Actualmente, el presidente Joe Biden está defendiendo DACA apelando una decisión del tribunal de distrito de Texas que establece que DACA es un programa ilegal. Una vez en el cargo, Trump puede ordenar al Departamento de Justicia que desestime la apelación, poniendo fin de manera efectiva a DACA.

Las personas que solicitan DACA tienen que indicar en su solicitud que se encuentran en el país de manera ilegal. De esta manera, el gobierno podría demostrar que los beneficiarios de DACA pueden ser deportados legalmente y tendrá información sobre dónde viven.

El siguiente grupo de inmigrantes que podría ser objeto de esta medida son las personas de Afganistán y otros países que tienen 'parole humanitario', que es un permiso temporal para permanecer legalmente en Estados Unidos. Trump puede poner fin a todos los programas de 'parole humanitario', incluidos los de los ucranianos.

Además, Trump puede poner fin al Estatus de Protección Temporal, una ley que otorga permiso temporal a algunas personas para permanecer legalmente en Estados Unidos durante hasta dos años debido a una situación de emergencia en sus países. Intentó hacerlo, pero no tuvo éxito, durante su primera istración porque no siguió el proceso legal correcto. Aproximadamente 1.2 millones de personas están cubiertas por este programa, que Biden amplió.

Trump ha dicho que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento, que es el derecho de cualquier persona nacida en el país a obtener la ciudadanía. ¿Podría hacerlo legalmente?

El gobierno de Trump podría ordenar a los funcionarios federales que dejen de procesar pasaportes y números de Seguro Social para personas que no puedan demostrar que sus padres son ciudadanos estadounidenses. Una demanda consiguiente, probablemente interpuesta por personas a quienes se les negaron sus documentos, obligaría a los tribunales a decidir sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La Decimocuarta Enmienda otorga el derecho de ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos independientemente de la nacionalidad de sus padres. Quienes se oponen a la ciudadanía por derecho de nacimiento argumentan que la Decimocuarta Enmienda debería reinterpretarse para excluir a las personas que nacieron en Estados Unidos de padres que están presentes ilegalmente y, por lo tanto, sin el consentimiento del gobierno estadounidense.

Para lograr revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, la Corte Suprema tendría que revocar un precedente de 126 años de antigüedad, que establece que cualquier persona que nazca en suelo estadounidense y no sea hijo de alguien que participe en el servicio diplomático es ciudadano estadounidense.

Trump ha hablado de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros como una forma de deportar personas. ¿Qué significa esto?

Trump ha hablado de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como una forma de evitar la revisión judicial y los tribunales de inmigración y deportar a personas como de pandillas y carteles. Esta ley permite a un presidente, en tiempos de guerra, detener y deportar a personas nacidas en una nación enemiga.

Un problema con esto es que Trump no tendrá la autoridad para deportar personas bajo esta ley, a menos que haya una guerra o invasión por parte de otra nación o gobierno. Las pandillas o los carteles no son su propia nación o gobierno. Por ejemplo, Trump no podría reconocer simultáneamente al gobierno mexicano y a un cartel como el gobierno de México, ni lograr demostrar legalmente que el gobierno mexicano está enviando a de un cartel a invadir a Estados Unidos en nombre del gobierno mexicano.

Otro problema que Trump tendría al utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros es que permite la revisión por parte de los tribunales para determinar si un individuo es realmente un “extranjero enemigo”. No proporcionaría un atajo automático a la deportación y terminaría en litigio.

*Jean Lantz Reisz es profesora clínica asociada de derecho, codirectora de la Clínica de inmigración de la Universidad del Sur de California.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

Mira también: