Abogados rechazan presión del gobierno para tomar control de la Junta de Apelaciones de Inmigración
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) rechazó este jueves “presiones” del gobierno de Donald Trump para que jueces de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) renuncien o pasen a retiro anticipado para nombrar en su lugar magistrados afines a la política migratoria del mandatario.
“Este gobierno ha tomado numerosas medidas para alterar la composición y el papel de la BIA en un esfuerzo por obtener un mayor control sobre los tribunales de inmigración e influir en las decisiones judiciales”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
“En los últimos meses salió a la luz que el director de la Oficina de Revisión de Inmigración de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) estaba tratando de llenar vacantes con personas designadas que tienen una de las tasas de concesión de asilo más bajas del país”, agregó.
Johnson dijo además que la EIOR “ahora está tratando de eliminar a los actuales de la BIA” y en su lugar reemplazarlos con una lista de jueces de inmigración afines a la agencia migratoria del presidente “a pesar de las preocupaciones del Congreso” y otras entidades alarmadas por la politización de la entidad.
Las presiones
Las declaraciones de Johnson ocurren el mismo día en que el sitio Roll Call denunciara que el pasado 17 de abril el Departamento de Justicia envió un memorando a un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones ofreciéndoles retiro anticipado o que renuncien a sus cargos para, en su lugar, nombrar jueces afines al gobierno.
El memorando, firmado por James McHenry, director de la EOIR, fue enviado durante la crisis mundial de salud pública “y destaca el continuo impulso de este gobierno para manipular las funciones de la BIA”, dijo AILA.
La publicación agrega que los de la Junta de Apelaciones que recibieron la oferta de retiro o renuncia fueron contratados antes de que Trump asumiera el cargo, a quienes además les ofrecieron incentivos financieros para dejar sus puestos.
En el memorando, reporta Roll Call, McHenry escribe que las posiciones solicitadas “nos ayudarán a reestructurar estratégicamente la EOIR para acomodar habilidades, tecnología y mercados laborales".
Rechazan politización
La EOIR es una dependencia del Departamento de Justicia (DOJ) que supervisa la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Citando fuentes conocedoras del memorando, Roll Call dijo que el documento no se envió a los 23 de la BIA, sino solo a los nueve nombrados bajo los gobiernos demócratas y republicanos anteriores a la llegada de Trump a la Casa Blanca y que nadie aceptó la oferta.
El Departamento de Justicia y la EIOR se negaron a hacer comentarios sobre el memorando y rechazaron cualquier señalamiento de politización de la Corte.
El memorando se suma a otras presiones que viene ejerciendo el gobierno para tomar el control del sistema migratorio, convirtiendo a los jueces en empleados del Departamento de Justicia y, de esa manera, seguir implementando la política de ‘tolerancia cero’ para poner fin a la inmigración legal e indocumentada.
En agosto del año pasado el DOJ amenazó con descertificar a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y eliminar su sindicato.
“La EOIR se movilizó para descertificar la Asociación alegando que los jueces de inmigración son funcionarios de gestión porque hacen (son los encargados de ejercer) la política (migratoria)”, dijo a Univision Noticias Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.
Marks recordó que hace 20 años “este mismo desafío lo perdió la EOIR, pero lo están intentando nuevamente afirmando cambios sustanciales en nuestro papel”. De conseguirlo, “significaría que el sindicato ya no podría existir”, advirtió.
Futuro incierto
Para la mayoría de los de la NAIJ los planes del gobierno para descertificar el sindicato son “desalentadores”.
“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos años”, dijo Marks en agosto.
En octubre, un grupo integrado por 80 congresistas, todos ellos demócratas, pidieron al fiscal general, William Barr, que suspenda las acciones emprendidas por el DOJ con el propósito de descertificar el sindicato de jueces de inmigración.
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación y oposición a la petición que presentó el 19 de agosto, tratando de descertificar el trabajo de NAIJ”, dijo el grupo en una carta.
El pedido de cancelación “busca aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración”, y forma parte de “ una de las muchas acciones que ha tomado el Departamento de Justicia para socavar sistemáticamente la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial”, señaló la misiva.
La pandemia desnuda fallos
En una reciente conversación organizada por la Iniciativa de Inmigrantes y Migración Global (IGMI) para conocer el estado de la Corte de Inmigración actualmente, evento que contó con la participación Camille Alick, de Alick Communications, y del juez Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), se ventilaron los problemas y salieron a relucir una serie de inconvenientes que comprometen el debido proceso, más allá de la cancelación de audiencias.
Entre los hallazgos, resaltan:
- Falla estructural en la Corte de Inmigración. Los tribunales y los jueces no son parte de la rama judicial, forman parte del poder ejecutivo y, más específicamente, están en deuda con el Fiscal General. Por lo tanto, el tribunal y los jueces no tienen verdadera independencia y a menudo se utilizan como una extensión de las políticas de aplicación de la ley de cada gobierno.
- Los fallos de los jueces de inmigración pueden ser revocados por el Fiscal General. Las preocupaciones de las fuerzas del orden público, en lugar de las judiciales, tienden a liderar esas decisiones.
- No hubo instrucciones del DOJ para cerrar los tribunales debido a la pandemia. No se dio ninguna guía sobre cómo tratar el virus hasta que surgieron esfuerzos de base sin precedentes que involucraron a jueces, fiscales y abogados junto con expertos en salud pública.
- Solo se están escuchando casos de detenidos, pero persisten serios problemas de salud y riesgo de exposición a covid-19.
- La pandemia ha exacerbado los problemas que los tribunales han tratado durante muchos años.
- La pandemia ha obligado a los casos de detención detenidos a ser escuchados por video y teleconferencia, utilizando equipos de mala calidad. Esto ha hecho que presentar casos exponencialmente sea más difícil y menos eficiente.
