Preocupación en México por sentencia que valida revisiones policiales sin una orden judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciudadanos que vivieron o han enfrentado abusos policiales en México ven con preocupación y como un retroceso el fallo que dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló que los uniformados podrán hacer revisiones a personas o a vehículos sin necesitar de una orden judicial.

Con la decisión de la Suprema Corte, ahora los cuerpos policiacos podrán hacer revisiones a personas siempre y cuando haya: una denuncia –formal ante un Ministerio Público o en la calle ante un agente–, exista flagrancia, haya una investigación y a esto se suma que el policía tenga una “sospecha razonable” que la persona señalada coincida con las características denunciadas.

Ante decenas de críticas, la Suprema Corte publicó una nota aclaratoria asegurando que “de esta manera actúan las policías en todo el mundo” y que su resolución “no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo”.

México es un país donde impera la impunidad, según el reciente reporte global de la Universidad de las Américas del estado de Puebla. Además los cuerpos policiacos se encuentran entre los peores evaluados del mundo, cayendo en el lugar 118, apenas un peldaño arriba de Venezuela, según el Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna 2016 (WISPI, por sus siglas en inglés).

A lo largo de la República mexicana existen policías acusados de arbitrariedades o incluso de estar coludidos con bandas dedicadas al secuestro o al narcotráfico. En febrero pasado cuatro elementos adscritos a la Policía Municipal de Tecalitlán, Jalisco, fueron arrestados señalados de haber 'levantado' a tres ciudadanos italianos para luego entregarlos a un cártel de drogas por 43 euros (unos 52 dólares).

Ven peligros en revisiones policiales

El activista Jesús Robles Maloof, quien ha sido defensa legal de decenas de jóvenes detenidos arbitrariamente durante manifestaciones en Ciudad de México, opinó que el fallo de la Suprema Corte representa un retroceso, pues los agentes de seguridad “en el mejor de los casos, harán detenciones, que ahora serán justificadas, para cometer hechos de corrupción, de ‘mordidas’ (sobornos), de extorsión”.

“Cuando (los policías) detengan a un delincuente, no lo van a detener, sino que le van a querer sacar más dinero. La corrupción siempre es un proceso que corrompe, que corroe a los cuerpos policiacos, y van a buscar formas más violentas de obtenerlo (dinero). En los hechos no va a haber más seguridad, ni más detenciones, sino más abusos”, le dijo a Univision Noticias el abogado Robles Maloof.

La resolución de la corte hecha el martes fue tan polémica que cuatro magistrados votaron en contra. Fue el caso del magistrado Arturo Zaldívar quien advirtió que este tipo de revisiones policiales podrían “dar lugar a grandes abusos”.

El magistrado Francisco González reiteró que el Código Nacional de Procedimiento Penales del que dependen las revisiones policiales, “no establece ni siquiera lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que la revisión policial que se avaló vulnera derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad.

Entre esos abusos policiales que se han documentado en el pasado, existe la fabricación de evidencias. En 2015, policías de investigación ‘sembraron’ un arma de fuego en el automóvil del abogado Paulo Díez, quien había denunciado previamente un caso de corrupción relacionado con la construcción de una carretera en el centro de México.

Diez logró salir libre gracias a un video difundido por la prensa donde se observa a un agente federal colocar un objeto dentro del automóvil, justo en el lugar donde se halló el arma. Meses después la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró los hechos, dándole la razón al abogado, quien acusó que la fabricación de evidencia tenía como objeto acallar su voz, pues él denunció irregularidades de la empresa OHL, que ha sido una de las constructoras que ha obtenido millonarios contratos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“Estoy conciente que es una resolución de la Corte, pero tendremos que llevar el tema a instancias internacionales, porque atenta contra la libertad de las personas. (El fallo) es una carta abierta para que los policías puedan revisar o detener a cualquier ciudadano por cualquier motivo. El día de mañana te pueden hacer alguna revisión y van a salir con que encontraron algo ilegal en tu vehículo”, dijo Díez.

La Suprema Corte seguirá revisando otros artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que fue impugnado en 2014, como los relacionados con la geolocalización en tiempo real de dispositivos relacionados con un crimen. Mientras, los mexicanos podrán ampararse legalmente contra las revisiones policiales.