Las decisiones más controversiales de la jueza Aileen Cannon en el caso de los documentos clasificados de Mar a Lago
Aileen Cannon, la jueza federal de Florida que preside el proceso contra el expresidente Donald Trump por su supuesta retención indebida de documentos confidenciales, pospuso de forma indefinida el inicio del juicio, previsto para el 20 de mayo.
La orden de la jueza Cannon de aplazar el inicio de la fase de juicio la basó en que hay cuestiones por resolver y en Trump está siendo juzgado actualmente en un caso no relacionado en Nueva York, donde enfrenta cargos de haber alterado registros financieros para ocultar pagos indebidos durante la campaña presidencial de 2016.
El caso en Nueva York involucra a varios de los mismos abogados que lo representan en la causa federal en Florida.
Trump enfrenta decenas de cargos por delitos graves por negarse a devolver documentos confidenciales que fueron hallados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de que dejó la Casa Blanca en 2021, y posteriormente haber obstruido las labores del FBI para recuperarlos. Se ha declarado inocente y ha rechazado haber cometido algún ilícito.
En su orden de cinco páginas, Cannon señaló el martes que sería “imprudente” fijar una nueva fecha para el juicio en este momento, lo que plantea más dudas sobre la capacidad de los fiscales federales para llevar a Trump a juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Sin embargo, no se trata de la primera vez que la jueza busca retrasar la fecha del juicio o que es cuestionada sobre sus confusas resoluciones. Cannon fue propuesta por Trump para el puesto que tiene y el senado la confirmó en 2020.
Estas son algunas de las decisiones más cuestionadas que ha tomado la jueza en el caso:
Consideraciones para desestimar el caso
El mes pasado la jueza rechazó la petición del expresidente de desestimar el caso. Trump alegó que tenía derecho a conservar esos papeles en virtud de la llamada Ley de Registros Presidenciales, que regula cómo han de preservarse los documentos oficiales de los mandatarios estadounidenses.
Antes de rechazar la petición, dio señales de que podría considerarla, lo que elevó la tensión con el equipo del fiscal especial Jack Smith, quien la cuestionó duramente.
También exigieron que Cannon decidiera rápidamente para evitar que se paralizara el proceso. Cannon respondió revelando sus propias frustraciones con el equipo de Smith, diciendo en un tono espinoso que la exigencia de una decisión apresurada era “injusta y sin precedentes”.
Una acumulación de mociones
La gestión del caso por parte de Cannon también ha presentado lagunas en la acción. El hecho de no anunciar una fecha realista para el juicio ha permitido que se acumule una larga lista de mociones previas al juicio.
El caso ha languidecido durante tanto tiempo que ahora el juicio penal de Trump en Nueva York retrasó cualquier intención de llevar a cabo el juicio.
Cannon, por su parte, ni siquiera ha dado mucha información sobre sus planes para el caso. Las pocas decisiones escritas que ha emitido suelen ser breves.
Un calendario incierto
Aunque ya se esperaba que la fecha de inicio del juicio cambiara en medio de una maraña de conflictos previos, Smith había instado a la jueza Aileen Cannon a reprogramar el juicio para que comenzara el 8 de julio, pero esta nueva orden hace poco probable que decida siquiera una nueva fecha del juicio antes de finales de julio.
Cannon ha confundido a los expertos legales con el ritmo de su toma de decisiones y sus largos períodos de silencio sobre cuestiones cruciales del juicio.
Aunque celebró una audiencia el 1 de marzo sobre cuánto posponer la fecha original del juicio del 20 de mayo, esperó más de dos meses antes de emitir cualquier orden sobre ese tema.
La nueva orden de Cannon establece un cronograma para resolver esos asuntos a finales de julio.
Qué pasa si el juicio se retrasa hasta después de las elecciones
Aun así, la decisión de Cannon aumenta la probabilidad de que Trump nunca enfrente un juicio por ninguno de los casos presentados por el fiscal especial.
Si ambos terminan en 2025, una victoria de Trump en las elecciones de 2024 podría hacer que el caso fuera finiquitado efectivamente ya que desde la Casa Blanca podría ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos o incluso intentar indultarse a sí mismo.
Mira también: