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Órdenes ejecutivas

Juez suspende política de Trump que permite arrestos en iglesias a grupos religiosos: ¿Dónde sí aplica?

La decisión aplica únicamente a los demandantes, entre los que se encuentran una red de iglesias bautistas de Georgia y un templo sij de California.
Publicado 25 Feb 2025 – 02:06 PM EST | Actualizado 25 Feb 2025 – 02:11 PM EST
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GREENBELT, Maryland.- Un juez federal determinó que los agentes de inmigración no pueden llevar a cabo operativos de cumplimiento de la ley en lugares de culto de los cuáqueros y otros grupos religiosos, mientras se resuelve una demanda que impugna la política de la istración Trump.

El juez de distrito estadounidense Theodore Chang, con sede en Maryland, concluyó que la política del gobierno de Trump podría violar la libertad religiosa de los demandantes, por lo que ordenó bloquear la medida de manera preliminar. La decisión aplica solo a los demandantes, entre ellos una red de iglesias bautistas de Georgia y un templo sij de California.

La demanda fue presentada después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump abandonara las políticas anteriores que limitaban los operativos de inmigración en “áreas protegidas” o “ubicaciones sensibles”, como los lugares de culto. La nueva política autoriza a los agentes de inmigración a realizar arrestos en estos sitios, basándose en “sentido común” y “discreción”, sin necesidad de aprobación previa de un supervisor.

Argumentos de los demandantes

Los abogados de los demandantes argumentan que esta nueva directiva viola una política gubernamental de más de 30 años que protegía a los lugares de culto de tales operativos. Una coalición de reuniones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia presentó la demanda en enero, poco después del anuncio de la nueva política.

Muchos inmigrantes han expresado temor de asistir a servicios religiosos debido a la aplicación de la norma, según los abogados de las congregaciones demandantes.

“Es un temor generalizado en todo el país”, señaló Bradley Girard, abogado de los demandantes, durante una audiencia en febrero. “Las personas no se están presentando y los demandantes están sufriendo como resultado”.

El gobierno, por su parte, argumenta que los demandantes no han demostrado que sus organizaciones religiosas hayan sido objeto de ataques. Kristina Wolfe, abogada del Departamento de Justicia, afirmó que los demandantes basan su solicitud en especulaciones y no en pruebas concretas.

Aparte de la demanda en Maryland, más de dos docenas de grupos cristianos y judíos presentaron una demanda similar en Washington, D.C. Los abogados de los demandantes en el caso de Maryland, representados por la Democracy Forward Foundation, pidieron al juez que bloquease la política a nivel nacional, argumentando que la medida otorga al DHS la autoridad para ingresar a cualquier casa de culto en el país, independientemente de las creencias religiosas de sus .

El gobierno defiende la legalidad de la nueva política, alegando que las actividades de control de inmigración en lugares sensibles han sido permitidas durante décadas, y que la única modificación es la eliminación de la necesidad de una autorización supervisora.

La batalla legal sobre este tema sigue en curso, mientras los grupos religiosos y el gobierno se enfrentan en los tribunales.

Con información de AP

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