A pesar de las amenazas de una operación masiva, Trump deportó menos que Biden en sus primeros 48 días
A pesar de las amenazas de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de extranjeros en la historia del país, durante los primeros 48 días de la segunda presidencia de Donald Trump (entre el 20 de enero y el 8 de marzo) el número de expulsiones fue un 10% menos que las deportaciones ejecutadas por el expresidente Joe Biden.
Así lo revela un informe del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York. Los investigadores, además, advierten que la istración Trump continúa ocultando su historial real de acciones de cumplimiento de la ley, esto es, el número de detenidos, las cifras de deportados y los cargos formulados a cada ubo de los extranjeros afectados por la nueva política de ‘tolerancia cero’.
“Si bien inicialmente las cifras diarias de arrestos del ICE se publicaban en redes sociales, esta práctica cesó cuando el número de arrestos comenzó a disminuir”, señala el documento. Y agrega que “en cuanto a la prometida campaña de deportación masiva de inmigrantes por parte de Trump, hasta la fecha, no parece que se hayan publicado cifras diarias sobre el número real de deportaciones llevadas a cabo por esta istración”.
El 18 de febrero, casi un mes después de la segunda toma de posesión de Trump, Univision Noticias preguntó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), datos cifras de detenciones y expulsiones.
Un portavoz de ICE respondió por medio de un correo electrónico: “Desde el 20 de enero, el ICE ha incrementado significativamente sus actividades de control migratorio con el apoyo adicional de otras fuerzas del orden federales y socios del Departamento de Defensa. Para mantener al pueblo estadounidense informado sobre los resultados de nuestros esfuerzos con la información más precisa, ICE está recopilando y validando los datos y trabajando para publicar sus estadísticas de control migratorio cada mes. Actualmente, las estadísticas tienen un retraso de tres meses y se publican trimestralmente”, añadió refiriéndose al gobierno de Biden.
A la fecha, los datos siguen siendo esporádicos, no reflejan la totalidad de detenciones y expulsiones y tampoco detallan los cargos formulados a cada uno de los extranjeros expulsados, algunos de ellos a la Base Naval de Guantánamo, Cuba, y otros (unos 238 venezolanos acusados de terrorismo) enviados a El Salvador para ser privados de libertad en el cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Poco después del traslado, ICE reconoció que al menos 101 de ellos solo tenían cargos por infracciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), faltas de carácter civil cuya pena máxima es la deportación a sus países de origen.
Secretismo del gobierno
Abogados consultados por Univision Noticias y organizaciones de derechos civiles están alarmados por el nivel de secretismo mostrado por gobierno de Trump en torno a las detenciones y deportaciones.
“Es alarmante porque nunca habíamos visto que se deportaran personas a un país al cual no pertenecen”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Es raro, jamás lo habíamos visto y tampoco que un país como El Salvador haya aceptado esto, es muy extraño”.
Velásquez dijo además que “algo está mal y necesitamos saber por qué se hizo este tipo de arreglo para llevar deportados a una cárcel en un país que no es el suyo. Es claro una violación al debido proceso y también vemos violaciones porque las personas afectadas no tuvieron derecho a un juicio, a una audiencia ante un juez de inmigración para defenderse de los cargos que enfrentan”.
“Y desconozco si estas personas eran o no de una pandilla. Tampoco estamos seguros si sólo se trató de una sospecha o un ‘show’. Nada lo detiene (al gobierno). Pero sí creo que todo esto daña el debido proceso. Está muy raro todo esto”, apuntó.
Respecto al secretismo, los investigadores del TRAC indican que ICE “estaba y está obligado a publicar cifras en virtud de las disposiciones de las Leyes de Asignaciones Anuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobadas por el Congreso”. Y que el Centro “recopila muchas de estas cifras en su página de Datos Breves y proporciona series temporales detalladas que se remontan a octubre de 2018”.
En cuanto al informe que revela las deportaciones en los primeros 48 días de gobierno, los investigadores dijeron que “analizamos las cifras publicadas más recientemente (actualizadas hasta el 8 de marzo de 2025) para comparar el historial de arrestos y deportaciones diarias de esta istración con el del expresidente Biden durante su último año completo de mandato (año fiscal 2024)”.
Los niveles diarios a la baja
La revisión de datos recopilados por el TRAC, evidencia que el historial de deportaciones de Trump en los primeros dos meses de su segundo mandato “empeora con el tiempo en lugar de mejorar”, precisa el informe.
“A pesar del despliegue de personal de otras agencias para ayudar en las actividades de seguridad (como agentes del FBI, ATF, el Servicio Secreto y la DEA) y de ordenar a militares en servicio activo que faciliten las deportaciones en la frontera, las deportaciones diarias aún no alcanzan los niveles alcanzados por la istración anterior”, indican los investigadores.
El estudio apunta además que las deportaciones diarias de Trump durante el período del 26 de enero al 8 de febrero “promediaron tan solo 693”. Y añade que esta cifra “representa una disminución del 6.5% respecto al promedio diario más alto de 742 bajo el expresidente Biden”.
“Ahora, con cuatro semanas adicionales (28 días) al período de monitoreo, las deportaciones diarias de Trump entre el 26 de enero y el 8 de marzo promediaron tan solo 661 deportaciones diarias”, indica.
La investigación agrega que “esta cifra no solo está por debajo de su tasa inicial de deportaciones, sino que también es 10,9 puntos porcentuales inferior al promedio diario de Biden para el año fiscal 2024”.
Durante el primer gobierno de Barack Obama, del cual Biden era vicepresidente, las deportaciones diarias promediaron durante algunos meses en 1,200.
En cuanto a los arrestos, el TRAC dijo que durante el año fiscal 2024 (del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024), 759 extranjeros por día (en promedio) fueron enviados a distintos centros detención de ICE luego de ser arrestados durante la istración Biden. A su vez, durante el período inicial, a finales de enero de este año (del 26 al 31 de enero), los registros de ICE tras los arrestos aumentaron a un promedio diario de 1,126. “Sin embargo, ICE no pudo mantener este nivel, por lo que, en el período siguiente, los registros de ICE tras los arrestos disminuyeron a tan solo 724 por día”, precisó el estudio.
Los analistas del TRAC señalaron que el patrón de actividad de arrestos muestra “un nuevo repunte en los arrestos durante la última semana de febrero, cuando los arrestos diarios volvieron a superar los de Biden (909 arrestos diarios en comparación con los 759 de Biden)”. Pero advierten que “esta cifra ha vuelto a descender entre el 1 y el 8 de marzo, alcanzando su nivel más bajo, con tan solo 718 arrestos diarios, un 5.4% menos que el récord de Biden”.
El blanco en la mira de Trump
El pasado 15 de marzo Univision Noticias reportó que, en la guerra declarada por Trump en contra de los ‘invasores’ extranjeros “hay varios objetivos estratégicos y tácticos”. Y que una de las principales armas mostradas hasta ahora ha sido el uso de una narrativa para criminalizar la permanencia indocumentada -hasta antes del 20 de enero todavía una falta de carácter civil-, que ya fue utilizada durante la campaña de 2016 y en el primer gobierno.
El otro es la incorporación en el gobierno de los principales redactores del Proyecto redactado por más de 170 líderes conservadores, entre ellos Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca; Stephen Miller, subdirector de política de la Casa Blanca; y Tom Homan, exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas(ICE) durante la primera istración Trump y actual ‘zar’ de la frontera.
Pero hay un tercer objetivo que muestra hacia donde se dirigen las órdenes, memorandos y discursos lanzados hasta ahora: la deportación de todos los extranjeros sin isión legal en Estados Unidos, además de aquellos que han cometido crímenes o que el gobierno considere que se trata de una amenaza a la seguridad pública o nacional “en el mejor interés” de Estados Unidos.
El 29 de enero, durante una reunión entre Trump y los líderes republicanos nacionales en Miami, Florida, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que, en lo que respecta a esta istración, alguien que “viola nuestras leyes de inmigración” se trata de “un criminal”. Y puntualizó: “Y si usted es un individuo, un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, es, por definición, un criminal. Y, por lo tanto, usted está sujeto a la deportación”.
La lista de deportables del gobierno, hasta ahora, incluye unos 928,000 extranjeros con orden de deportación final, unos 650,000 con antecedentes criminales y todo extranjero que no tenga una base legal para permanecer en el país y lleve menos de dos años en Estados Unidos.
De acuerdo con memorandos y cancelaciones publicadas hasta ahora, también se incluye a unos 350,000 venezolanos amparados bajo un Estado de Protección Temporal (TPS) emitido en 2023 y cuyas protecciones vencen el 7 de abril (a menos que un tribunal detenga la orden), otros 530,000 titulares bajo el ‘parole humanitario’ (ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) que no tengan base legal de permanencia) cuyas protecciones vencen el 24 de abril y todos aquellos indocumentados que nunca han entregado sus huellas digitales y direcciones al gobierno y no se registren a partir del 11 de abril.
El pasado 5 de marzo, durante un discurso pronunciado por Trump ante las dos cámaras del Congreso, el presidente llevó personalmente al legislativo el pedido de “fondos” para acelerar la ofensiva de detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados prometida durante su campaña, la que define como “la mayor en la historia de Estados Unidos”.
