El Tribunal Constitucional de Perú vuelve a ordenar que Alberto Fujimori salga de prisión; la decisión final la tomará un juez
La salida de la cárcel del expresidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión, podría estar más cerca luego de que este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) de Perú se pronunciara en favor de que se le conceda la “inmediata libertad”, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya falló contra una orden similar en 2022.
El presidente del TC, Francisco Morales, precisó que el auto judicial abre el camino para la inmediata libertad del exmandatario. "Se debe cumplir la anterior sentencia que establece la inmediata libertad del señor Fujimori", declaró Morales.
" La liberación la puede hacer el juez de Ica (sur) y también en Instituto Nacional Penitenciario, lo puede hacer inmediatamente. Ya es cuestión de las autoridades istrativas proceder con la excarcelación", agregó.
El auto judicial del TC devolvió la noche del martes al fuero judicial la potestad de decidir si procede a dejar libre a Fujimori, de 85 años, como pide un habeas corpus de marzo de 2022.
Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, dijo a periodistas que esperan "con mucha ilusión" que su padre pueda ser excarcelado.
La resolución del TC ha sido interpretada de distintas maneras y reaviva la polarización que rodea a la figura del exmandatario.
Prevén que la Corte-IDH y autoridades se opongan a la liberación de Fujimori
Pese al pronunciamiento del TC, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó a la radio Exitosa que la decisión del tribunal no puede ejecutarse porque existe una orden de no liberar a Fujimori emitida en abril de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La Corte-IDH ordenó en su momento a Perú “que se abstenga de ejecutar cualquier indulto”, dijo Arana.
En abril de 2022, la Corte-IDH frenó la orden de liberación a favor del expresidente Fujimori argumentando que el TC, en una decisión ampliamente cuestionada a nivel local e internacional, “no cumplió con las condiciones determinadas” cuando revivió el indulto que otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
También indicó que la decisión se tomó “sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento” de su sentencia.
La familia de Fujimori alega que el expresidente padece diversos problemas de salud como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión.
Los jueces de la Corte-IDH señalaron que no consta que Fujimori “haya tenido inconveniente en las ocasiones en las cuales requirió medicamentos, atención de urgencia y traslados fuera de la cárcel para recibir atención médica especializada”.
Ni los jueces locales, ni la agencia a de cárceles —que depende del gobierno— han emitido comunicados o declaraciones públicas tras la nueva decisión del Tribunal Constitucional.
Tampoco se ha manifestado la presidenta peruana, Dina Boluarte, ni su primer ministro, Alberto Otárola.
Los expertos interpretaron hace seis años que Kuczynski otorgó el indulto al encarcelado expresidente únicamente para ganar apoyo parlamentario hacia su débil gobierno de parte de legisladores cercanos a Fujimori.
Pero el indulto fue anulado por la justicia peruana en 2018 y Fujimori regresó a una cárcel donde están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).
De qué se le acusa al expresidente Alberto Fujimori
Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante su mandato (1990-2000).
Los militares mataban con impunidad y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Una de las masacres ocurrió en una zona llamada Barrios Altos — donde fueron asesinados 15 vecinos durante una fiesta, incluido, un niño de 8 años— y la otra en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.
Además de la sentencia a 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los cuales debe 13.6 millones de dólares.
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