Organizaciones exigen a una corte bloquear por "ilegal" el registro de inmigrantes indocumentados
Un grupo de organizaciones pidió a la corte del distrito de Columbia que frene o posponga la puesta en marcha del registro de inmigrantes indocumentados, ordenado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que obliga a todos los no ciudadanos mayores de 14 años que ingresaron al país sin permiso proporcionar a funcionarios de migración su información personal y biométrica a partir del 11 de abril para evitar multas y penas de cárcel.
"La regla final interina revierte el enfoque tradicional del gobierno en materia de registro (...) de una manera que causará confusión, temor y una importante perturbación económica", aseguran organizaciones como CHIRLA (la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes), United Farm Workers, CASA y Make the Road New York, quienes encabezan la demanda contra el DHS; su secretaria, Kristi Noem; y otros funcionarios de inmigración y del Departamento de Justicia.
"Es un cambio dramático en la política", se lee en el texto de 34 páginas introducido el lunes por estas organizaciones que representan a miles de inmigrantes en Estados Unidos. Reclaman que en los últimos 80 años el gobierno federal se había apoyado en el registro de los no ciudadanos a través de los procesos migratorios que estos tenían en marcha, como visas, la isión al país o su deportación. "El gobierno nunca había exigido el registro como parte de una campaña para priorizar la persecución de ofensas menores de inmigración y para motivar a la autodeportación".
Reclaman que los demandados quisieron apresurar los cambios sin que la regla fuera sometida a comentarios públicos de parte de los afectados—como establece la Ley de Procedimientos istrativos— o a las consideraciones necesarias de parte del Congreso para evitar futuros daños contra quienes deben registrarse.
En la demanda, las organizaciones piden que la regla final que obliga a los inmigrantes indocumentados a registrarse sea declarada "ilegal"; que la corte frene o posponga su entrada en vigor o que se emita una orden para dejarla completamente sin efecto.
El 25 de febrero pasado, el gobierno de Trump anunció que exigiría el registro de inmigrantes indocumentados y la nueva regla se publicó el 7 de marzo, un mes antes de la entrada en vigor de la orden. Distintas organizaciones y abogados recomiendan a los inmigrantes indocumentados consultar a un abogado de inmigración para determinar los riesgos que presenta la inscripción en cada caso y evaluar qué alternativas tienen.
"La inscripción en el registro podría ser muy peligrosa para los inmigrantes indocumentados. Podría dar lugar a la detención, deportación y posiblemente procesamiento penal", asegura el National Immigration Law Center, una organización fundada en 1979, dedicada a la defensa de los derechos de inmigrantes de bajos recursos. Advierten que las autoridades han dicho claramente que la información que provean puede ser utilizada para encontrar y arrestar a las personas, así como para expulsarla u obligarla a hacerlo de forma voluntaria.
David Leopold, abogado de inmigración y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), explicó a Univision Noticias en esta historia que no es un crimen estar indocumentado en Estados Unidos. Es una falta civil a las leyes de inmigración cuya consecuencia es la deportación.
La inscripción en el registro y sus consecuencias
La planilla del DHS solicita información amplia, que incluye datos personales y de o, dirección física, detalles sobre la última entrada al país y el estatus, información biográfica de quien se registra y su familia, entre otras cosas.
La demanda asegura que incluso solicita más información que la establecida en el estatuto, como los crímenes cometidos en el país, aún cuando no ha sido detenido por ellos, y las actividades en que podría estar involucrado hasta su deportación.
Destaca que entre los afectados puede haber personas que ya han introducido estos datos a través de sus procesos migratorios y se consideran "registradas", así como gente que no habla inglés, quienes no están familiarizados con la ley federal de inmigración, o aquellos que no tienen a computadoras o internet.
"La regla final es un esfuerzo para autorizar la aplicación penal de forma generalizada (...) y facilitar la aplicación de las leyes de inmigración contra quienes se registren", reclama la demanda, que advierte sobre la posible separación de familias en el proceso, tras las declaraciones de la secretaria Noem de "regístrese o prepárese para ser deportado" o para ser arrestado.
Alerta también que puede contribuir con el aumento de las detenciones de inmigrantes sólo por su aspecto físico y de cómo pueden resultar afectados incluso ciudadanos estadounidenses de origen hispano. "Desde el 21 de enero de 2025, en varios estados, ciudadanos estadounidenses, especialmente de descendencia hispana o con antepasados nativo estadounidenses, se han visto cada vez más atrapados en medio de redadas y detenciones migratorias por las políticas agresivas de la istración Trump".
La demanda plantea historias de de estas organizaciones que podrían resultar afectados con el registro. Uno de los casos es el de Ursela, de 18 años. Ella ingresó al país como menor no acompañada en 2023 y sin ser inspeccionada. Huyó de El Salvador con su madre, luego de sufrir años de "abuso físico severo" de parte de su padre. Fueron separadas en el camino y luego supo que su madre estaba en un listado de personas desaparecidas en México. Ursela, que no está en proceso de deportación, aplicó por un asilo, pero aún no ha sido llamada para poner las huellas. También está aplicando para un estatus especial juvenil, que requeriría que ella entregue sus datos personales como parte del registro.
Ella teme que el gobierno use su información para deportarla aunque tiene un caso de asilo pendiente.
