Trump amenazó a los albergues de la frontera sur con acciones legales, pero sigue enviando indocumentados a ellos
El gobierno de tráfico de personas.
En marzo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió una advertencia formal a estos refugios. La agencia alegaba que proporcionar alojamiento y otros servicios a los inmigrantes podría constituir una violación de la ley utilizada para procesar a los traficantes de personas.
El documento menciona que estas acciones podrían estar infringiendo leyes federales sobre el transporte ilegal de personas dentro del país, sin embargo, la istración Trump no ha detenido la liberación de inmigrantes en estos albergues.
La amenaza de la FEMA contra los albergues para inmigrantes de la frontera sur
La carta enviada por FEMA el 11 de marzo a las organizaciones que operan en la frontera sur ha sido considerada alarmante por muchos de los directores de estos albergues. En ella, se detallan las "preocupaciones significativas" sobre la posibilidad de que estos refugios estén violando leyes federales que prohíben el tráfico de personas.
La agencia federal expresó que algunas de las prácticas de los albergues podrían interpretarse como un intento de facilitar la entrada ilegal de inmigrantes o su transporte dentro de los Estados Unidos.
FEMA también solicitó a estas organizaciones que entregaran información detallada sobre sus operaciones y actividades relacionadas con los inmigrantes, lo que incluyó el transporte, la provisión de servicios y el alojamiento. De acuerdo con AP, las autoridades federales parecen estar llevando a cabo una investigación de gran alcance, con el objetivo de identificar posibles violaciones de la ley por parte de las organizaciones que ayudan a los inmigrantes.
Albergues de la frontera sur son clave en asistencia a inmigrantes
Las organizaciones que operan en la frontera sur de Estados Unidos han sido durante años actores clave en la provisión de asistencia a los migrantes. Estos albergues han ofrecido refugio temporal, comidas, atención médica básica y ayuda para el transporte de los migrantes hasta los puntos de salida más cercanos, como estaciones de autobuses y aeropuertos.
La advertencia de la FEMA pone en duda la legalidad de estas prácticas, pero aún así los albergues que operan albergues en Texas y Arizona continuaron recibiendo migrantes liberados por ICE.
AP reportó que dicha agencia solicitó a los albergues seguir proporcionando alojamiento temporal y otros servicios humanitarios, lo que puso a las organizaciones en una posición incómoda, al tener que decidir entre cumplir con una solicitud de ICE o enfrentar posibles repercusiones legales.
El impacto de la crisis migratoria en los albergues de la frontera sur
Para muchas organizaciones, el costo de operar estos albergues se ha vuelto insostenible. Catholic Charities, por ejemplo, enfrentó graves pérdidas financieras, cerrando su refugio en Laredo, Texas, el 25 de abril después de no recibir los fondos esperados de FEMA.
Esta organización había acogido hasta 120,000 personas desde su apertura en 2021, pero la falta de apoyo económico y la sobrecarga de trabajo obligaron a cesar operaciones.
El Holding Institute Community en Laredo y el International Rescue Committee en Phoenix siguen proporcionando ayuda, pero también luchan contra las restricciones presupuestarias y la escasez de personal, lo que pone en peligro su capacidad para seguir operando.
Cómo es la relación entre los albergues de la frontera sur y las autoridades federales
A pesar de las tensiones recientes, los albergues fronterizos han mantenido relaciones cercanas y cordiales con las autoridades federales, particularmente con FEMA. Solo en el año fiscal 2024, FEMA destinó 641 millones a gobiernos estatales y organizaciones para ayudar con los altos números de migrantes que cruzan la frontera.
A pesar de esto, las relaciones se han complicado debido a la suspensión de pagos de FEMA mientras revisa los servicios que las organizaciones brindan.
Las organizaciones deben proporcionar listas detalladas de los servicios que ofrecen y firmar declaraciones juradas que aseguren que no tienen conocimiento de violaciones a las leyes contra el contrabando de personas, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre los albergues.
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