Ordenan la liberación de Alberto Fujimori: estos son los crímenes por los que fue condenado el expresidente peruano
Un juez de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, catorce años después de que recibió su sentencia por cometer crímenes de lesa humanidad.
El caso de Fujimori es histórico. Era la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes en contra de la humanidad, sin embargo, durante toda su condena hubo polémicos indultos que opacaron la obtención de justicia que merecían las familias de las víctimas.
"Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
El expresidente peruano, que gobernó de 1990 al 2000, fue sentenciado el 7 de abril de 2009 por “homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves", según ratificó la Corte Suprema de Justicia de Perú en 2010.
Por esos delitos el expresidente debía cumplir una pena de 25 años, sin embargo, Fujimori solo cumplió poco más de la mitad de su condena en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes.
Así ocurrieron los crímenes cometidos por el exmandatario peruano.
Matanza de Barrios Altos
En 2009 Fujimori fue señalado como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión atribuidos a un escuadrón militar clandestino que él manejaba y se conocía como Grupo Colina.
Una de las masacres ocurrió en una zona de clase baja llamada Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991, donde fueron asesinados 15 personas, incluido, un niño de 8 años.
Ese día, hombres encapuchados irrumpieron en una fiesta pensando que se trataba de una reunión de insurgentes en contra del gobierno. Debido a un error de comunicación terminaron matando a civiles inocentes. Fue el primer homicidio múltiple en Lima contra civiles
“A golpes, insultos y entre forcejeos, obligaron a todos (los asistentes de la fiesta) a tenderse boca abajo, e inmediatamente y sin discriminar, dispararon ráfagas hacia las cabezas y las espaldas de mujeres hombres y niños. Los mismos sobrevivientes y las posteriores pericias balísticas y forenses confirmaron que los autores remataron a los moribundos con un fatal tiro de gracia”, dice un informe de Amnistía Internacional.
Las imágenes del traslado de los cuerpos sin vida conmocionaron a la opinión pública y en el Congreso de la República se formó una Comisión Investigadora pero sus labores se interrumpieron con el golpe de estado de abril de 1992.
Muy poco después de la matanza Fujimori felicitó oficialmente a varios de los del Grupo Colina además de dictarse un decreto otorgando mayores poderes al Servicio de Inteligencia Nacional.
Matanza de La Cantuta
La otra matanza de la que se le acusa a Fujimori de ser el autor intelectual sucedió en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, del Grupo Colina, irrumpieron en los dormitorios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), “secuestrando y desapareciendo a nueve estudiantes y a un profesor, a las afueras de la ciudad de Lima, para después asesinarlos y sepultarlos en fosas clandestinas”, dice un reporte de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El operativo era una represalia por un atentado que había sucedido tiempo atrás. El servicio de inteligencia señalaba que algunos de los estudiantes habían participado en ese atentado.
Los estudiantes y el profesor fueron extraídos de la universidad y llevados a un descampado en Cieneguilla donde fueron acribillados y enterrados.
En 1993 los cuerpos de los estudiantes y el profesor fueron encontrados y plenamente identificados.
Esterilizaciones forzadas durante la istración de Fujimori
A lo largo de los diez años de gobierno de Fujimori, se documentaron centenares de casos de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, y de torturas y malos tratos.
Pero no fue todo, su istración también estuvo marcada por otras acciones cuestionables como las esterilizaciones forzadas.
Las esterilizaciones forzadas hicieron parte del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por Fujimori, dirigido principalmente a campesinas e indígenas.
Las mujeres eran manipuladas para someterse al procedimiento. Las amenazaban con encarcelarlas, quitarles a sus hijos, o les ofrecían inscribirlas a programas gubernamentales a las que tenían menos recursos.
También era cooptadas por enfermeras en ambulancias que trasladaban a las mujeres a los hospitales para realizarles el procedimiento sin su consentimiento.
Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO, hay 6,504 víctimas inscritas en todo el país, sin embargo, de acuerdo con el CEJIL “a la fecha se conoce que durante la vigencia del programa entre los años 1996 y 1998, más de 217,000 mujeres fueron esterilizadas sin garantizar sus derechos humanos”.
“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas”, denunció Amnistía Internacional en 2021. Sin embargo, el expresidente no fue acusado de este delito.
Corrupción en el mandato de Fujimori
Durante su gestión, Fujimori aplicó un conjunto de reformas estructurales para sacar al país de la crisis económica en la que se encontraba a finales de los años ochenta. Sin embargo, transcurrida una década, los resultados de dichas reformas no se vieron reflejados.
De acuerdo con especialistas, el régimen fujimorista intervino activamente en la economía en función de los intereses de una red de corrupción que él mismo encabezaba. “En el manejo de los grandes – y muchas veces dolosos - negocios de la década se halla la mano del Estado favoreciendo intereses privados”, dice el Instituto de Estudios Peruanos.
“En los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, las grandes licitaciones y adquisiciones del Estado, intervino activamente el gobierno y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción”, dice el Congreso peruano en un informe anticorrupción.
Durante la época en que Fujimori estuvo en el poder, casi todas las instituciones democráticas peruanas fueron explotadas y capturadas por la presidencia a través de una combinación de tácticas de mano dura, extorsión y sobornos. De esta manera, “mientras mantenía una apariencia de legalidad, el gobierno de Fujimori reemplazó el estado de derecho por la ley del más fuerte”, dice Human Rights Watch.
Proceso de indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori
El 24 de diciembre 2017, el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el recurso de gracia a Fujimori por "razones humanitarias", pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El Tribunal Constitucional (TC) justificó su decisión alegando precisamente la salud "resquebrajada" de Fujimori. El expresidente de 85 años padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otras dolencias.
El TC recalcó que el exmandatario ya "ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena", lo que lo hace beneficiario del indulto. Sin embargo, tras la presión nacional y de la CIDH el indulto fue revocado.
La semana pasada, el mismo tribunal ordenó la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al TC, que este martes emitió su dictamen definitivo.
Mientras que la CIDH recordó que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
El organismo pidió al Gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.
Al respecto, el TC se manifestó en su resolución de este martes "sobre la falta de competencia de la CIDH en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia".
El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de los casos por los que el expresidente fue condenado, afirmo que Perú "se coloca en la lista de los estados" que han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional, luego de que el TC ordenó la liberación del exgobernante.
"Estamos sumamente sorprendidos", declaró Rivera al Canal N de televisión.
"Nos estamos colocando en una situación de rebeldía", enfatizó antes de considerar que la resolución es "un hecho grave, que termina de expresar un gravísimo desmejoramiento de las condiciones del Estado de derecho en nuestro país".
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