¿Es legal el llamado de Trump a aplicar la pena de muerte a todo inmigrante que mate a un estadounidense?
La Operación Aurora y que, según dijo el fin de semana, incluye aplicar la pena de muerte a los inmigrantes que maten a ciudadanos estadounidenses o agentes de policía.
Esta idea es por supuesto solo una más de las graves arremetidas contra los inmigrantes, cuya demonización ha utilizado el candidato republicano desde el principio de su carrera política como un elemento central de su mensaje, sin reparos en servirse de falsedades y medias verdades para instigar el miedo y el odio contra los extranjeros que residen en el país.
“Nos traen drogas, traen crimen y a sus violadores y algunos, asumo, son buenas personas”, dijo Trump en 2015 en referencia a los inmigrantes mexicanos el día que anunció oficialmente su candidatura presidencial.
Desde entonces, su xenofobia se ha plasmado de numerosas formas, como en el llamado a prohibir la entrada de musulmanes al país, sus referencias a las naciones africanas y Haití como “agujeros de mierda” y, durante la actual campaña, acusando a los inmigrantes haitianos de comer perros y gatos.
Más recientemente, ha señalado a una banda delictiva venezolana de haber tomado el control de la ciudad de Aurora, la tercera más grande de Colorado, desde donde hizo su reciente anuncio y de la que toma el nombre su nuevo plan.
Trump justifica las drásticas medidas en una ola de crimen desatada por inmigrantes ilegales que los datos oficiales del FBI indican que no existe. De hecho, según tales cifras, los crímenes violentos en Estados Unidos han disminuido desde que el presidente Joe Biden tomó el poder.
No todos los homicidios constituyen una "ofensa capital"
Actualmente, cualquier persona, inmigrante o no, que cometa un homicidio en el territorio de EEUU, sea la víctima estadounidense o de cualquier otra nacionalidad, puede ser sujeto a la pena de muerte en función de las circunstancias del crimen.
De acuerdo al Departamento de Justicia, “la pena de muerte solo se aplica en los casos de las llamadas ofensas capitales”, que en los estados donde se aplica la pena de muerte incluyen los llamados ‘asesinatos en primer grado’
Aunque la definición exacta de asesinato en primer grado difiere dependiendo de cada estado, el Instituto de Información legal (LII) de la Universidad de Cornell los define como aquellos “homicidios intencionales y planificados, que se caracterizan por la premeditación, lo que significa que el asesino actuó con la intención de matar y sin tener en cuenta la vida humana”.
Aunque pueda no contar con el elemento de premeditación, de acuerdo al Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC) “el asesinato de un agente de policía en el cumplimiento de su deber suele considerarse un delito capital porque se considera un acto de violencia particularmente atroz que socava la seguridad y la estabilidad de la sociedad”, por lo que en el caso del homicidio de un policía Trump no está ofreciendo nada que no esté ya establecido.
“Lejos de experimentar aumentos en las tasas de homicidios contra las fuerzas del orden, los datos muestran que los estados que han abolido la pena de muerte desde el año 2000 tienen las tasas más bajas de agentes de policía asesinados en el cumplimiento del deber y que los asesinatos de policías representan un porcentaje mucho menor de asesinatos en esos estados” según el DPIC.
La jurisdicción federal vs. la jurisdicción estatal
El gobierno federal no necesariamente tiene jurisdicción sobre todos los casos que cumplan con los presupuestos para ser considerados ofensas capitales que ocurren en Estados Unidos, por lo que las promesas de Trump, bajo la legislación actual, están sujetas a ciertos límites.
De acuerdo al LII, “un homicidio se considera un delito federal cuando la víctima es un funcionario federal, cuando ocurre durante la comisión de un delito federal como un robo a un banco o cuando tiene lugar en propiedad federal, entre otras circunstancias específicas relacionadas con la identidad de la víctima o las circunstancias del caso”.
Generalmente, añade el LII “un asesinato se considera un delito estatal a menos que haya un nexo federal involucrado”.
Por lo tanto, y a pesar de lo prometido por Trump, no podría ser castigado con la pena capital un asesinato cometido por un inmigrante en uno de los 22 estados que no aplican la pena de muerte en su territorio que por sus circunstancias no es un crimen federal.
De ser elegido, Trump tendría que contar con mayorías en ambas cámaras del Congreso para convertir en ofensas capitales federales las muertes causadas por inmigrantes a ciudadanos estadounidenses. Una legislación que de ser promulgada sería con seguridad sometida a un proceso de invalidación por la cláusula de protección igualitaria de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.
De acuerdo a un artículo escrito para el Centro Nacional Constitucional por el profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt Brian T. Fitzpatrick y el profesor y director del Centro de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, Theodore M. Shaw, aunque el propósito de la Enmienda 14 “era proteger a los negros de la discriminación, su redacción amplia ha llevado a la Corte Suprema a sostener que toda discriminación racial (incluida la discriminación contra blancos, hispanos, asiáticos y nativos americanos) es constitucionalmente sospechosa”.
Fitzpatrick y Shaw sostienen también que “el género, el estatus migratorio y el estado civil de los padres de una persona al nacer, califican como clasificaciones sospechosas”.
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