Qué sucederá con el Título 42 ahora que la Corte Suprema canceló los alegatos orales
El gobierno de Joe Biden tiene las manos libres para cancelar el Título 42, una controvertida política de seguridad sanitaria de la era Trump activada en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus y que también se utiliza para deportar a extranjeros de forma expedita en la frontera con México.
El máximo tribunal de justicia notificó ayer que “el caso se ELIMINÓ del calendario de argumentos de febrero de 2023”. La decisión fue tomada una semana después de que el Departamento de Justicia, a través de un escrito, aseguró ante la Corte que cuando se dejen sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia del coronavirus el 11 de mayo, simultáneamente se suspenderá la vigencia del Título 42.
Abogados y activistas se preguntan si el gobierno tendrá la capacidad de respuesta para atender el flujo migratorio que se registra en la frontera vive en la frontera o si, en lugar del Título 42, implementará otras herramientas similares para contenerlo.
“Sospechamos que, en teoría, la eliminación del Título 42 debe mejorar la situación en la frontera, pero creo que el gobierno pondrá nuevas restricciones para que continue de forma limitada el tránsito de inmigrantes”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Está claro que el gobierno no tiene capacidad de respuesta para atender toda la demanda que se vive en la frontera con México. Eso ya está demostrado. Incluso el presidente lo reconoció cuando entregó su informe al Congreso sobre el estado de la Unión y pidió ayuda a ambas cámaras para que le den recursos”, agregó.
“Los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe”, dijo Biden durante el discurso. “Si no aprueba mi reforma migratoria integral, al menos apruebe mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera”, precisó.
El título de reemplazo
La crisis en la frontera, uno de los principales argumentos de los republicanos para atacar al presidente, también inquieta a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes observan cómo el gobierno de Biden ha ido endureciendo su postura ante un tema que a principios de 2021 prometió resolverlo con soluciones humanas y comprensivas.
“Lo que se ha mencionado es que, cuando se saque el Título 42 en mayo, van a utilizar el Título 8 de la Ley de Inmigración”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro e Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC. “Es la compilación de todas las leyes que dan habilidad al gobierno para detener la inmigración irregular y deportar de manera expedita en la frontera”, agregó.
“Y pensamos que, aunque ya no tenga el Título 42, activará otros protocolos cuyo objetivo será impedir la entrada de extranjeros. Este gobierno seguirá siendo restrictivo y la gente buscará otros caminos para hacerlo (entrar a Estados Unidos sin autorización) y dejarán de entregarse (a las autoridades federales) como lo hacen ahora (para pedir asilo)”, precisó.
El caso del Título 42 se encontraba en manos de la Corte Suprema, instancia que debía decidir entre mantenerlo vigente, como exigen 20 estados gobernados por republicanos, o eliminarlo, como dispuso un juez federal de distrito que falló a favor del gobierno de Biden.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumenta que el Título 42 expone a los migrantes solicitantes de asilo a peligros en las ciudades mexicanas a las que eran enviados. Los estados fronterizos, en cambio, argumentan que poner fin a la regla conduciría a un incremento en la llegada de migrantes a esos estados, lo que a su vez tendría un impacto sobre sus servicios.
También advierten que la cancelación de la política de la era Trump “provocará un desastre enorme en la frontera”, y los migrantes adicionales que ingresen generarán un incremento en los costos que pagan los estados en vigilancia policial, educación y servicios de salud.
El Título 8
En diciembre el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, anticipó que, una vez eliminado el Título 42, el gobierno seguirá expulsando a extranjeros sin documentos y "sin base legal" para permanecer en Estados Unidos, deportaciones expeditas que pueden castigar durante años a los afectados para, una vez cumplido el castigo, gestionar una visa.
Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas por Mayorkas, no es algo nuevo, como mencionó Núñez. Se trata de la implementación de leyes vigentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia del coronavirus y la implementación de las medidas para contener la propagación del COVID-19.
La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Y explica que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica EEUU para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
Y no solo permite deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo. La lista de deportables incluye:
- Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido itidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inisibilidad;
- Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración;
- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
- Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
- Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
- Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de isión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más; y
- Personas que tengan múltiples condenas penales.
La política de asilo
El mayo de 2022 el DHS implementó un programa piloto de asilo en la frontera para contener y ordenar la llegada de extranjeros, y acelerar los procesos debido al gigantesco atasco en la Corte de inmigración, que a esa fecha sobrepasaba los 1.7 millones de casos.
“La ley estipula que, si una persona tiene una causa de asilo y pasa una entrevista de miedo creíble, el caso debe ser enviado a un tribunal de inmigración para que sea un juez quien decida el futuro de esa persona en Estados Unidos”, explica Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego, California.
En respuesta a la situación que se vive en la frontera y en cumplimiento a lo que señala el debido proceso, el DHS puso en funcionamiento, a través de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), una norma provisional de asilo para acelerar los casos. El plan, activado en dos puertos fronterizos ubicados en Texas, otorgó poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo de USCIS para conceder, referir o rechazar peticiones antes de que estas lleguen a los tribunales de inmigración.
El reglamento señala que la nueva regla “garantiza que las personas sujetas a deportación acelerada que sean elegibles para asilo reciban ayuda rápidamente”. Y las que no sean elegibles, “serán colocadas en un proceso de deportación acelerado y enviados ante un juez de inmigración”.
La otra herramienta vigente, el Título 8, permite la expulsión acelerada de todos aquellos extranjeros inisibles, entre otros motivos por tener antecedentes criminales y/o haber sido deportados con anterioridad.
De acuerdo con el plan, el gobierno tiene autoridad para:
- Colocación en deportación acelerada. Las personas que el CBP encuentre en la frontera y que sean colocadas en deportación acelerada y que aleguen temor creíble, serán transferidas a detención de ICE;
- Entrevista de miedo creíble. Las personas recibirán su entrevista de miedo creíble mientras estén detenidas. El DHS y el Departamento de Justicia brindan a las personas la oportunidad de acceder a los proveedores del Programa de Orientación Legal antes de su entrevista de temor creíble. Si la entrevista de miedo creíble da como resultado una determinación negativa, la persona puede solicitar una revisión de la decisión por parte del juez de inmigración, de conformidad con el procedimiento actual. USCIS también puede reconsiderar, a su discreción, una determinación negativa de temor creíble con la que ya estuvo de acuerdo un juez de inmigración si la solicitud se presenta dentro de los siete días posteriores a la aprobación del juez o antes de la remoción, lo que ocurra primero; y
- Referencia para una Entrevista de Méritos de Asilo (AMI). Durante la implementación por etapas, las personas que son colocadas en deportación acelerada y que reciben una determinación positiva de temor creíble, y a quienes ICE determina caso por caso que es apropiado liberar, pueden ser remitidos a USCIS para una AMI no adversaria. La persona debe indicar su intención de residir en una de las seis ciudades de destino donde se llevan a cabo las AMI durante la implementación por etapas (Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark y San Francisco). Se notificará a las personas que se las colocará en el proceso de AMI cuando se les notifique su determinación positiva de temor creíble. El registro de la determinación positiva de temor creíble constituirá la solicitud de asilo, y la fecha de notificación de la determinación positiva de temor creíble se convertirá en la fecha de presentación de la solicitud de asilo. El AMI se llevará a cabo no antes de los 21 días ni después de los 45 días después de la determinación positiva de temor creíble.
Abogados consultados por Univision Noticias advierten que el programa de mayo sigue en fase experimental y que el gobierno n tiene todos los recursos disponibles por parte del Congreso para extenderlo a todo lo largo de la frontera.
El 'Advance Parole'
El 5 de enero el presidente Biden anunció un nuevo programa migratorio temporal para ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes para entrar a Estados Unidos deben contar con un patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos. Venezuela participa desde octubre de 2022.
Una vez autorizada la solicitud de patrocinio, el beneficiario recibirá una autorización para viajar vía aérea a Estados Unidos donde un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo en un puerto de entrada aéreo le dará isión por medio de un permiso humanitario por dos años.
El titular del advance parol tiene derecho, además a un permiso de trabajo. Si al término del plazo de permanencia el titular del programa no ha ajustado su estatus de permanencia por cualquier otra vía legal disponible, deberá irse del país. El gobierno autoriza 30,000 cupos mensuales para los cuatro países beneficiarios del perdón.
En cuanto a aquellos extranjeros que no tengan patrocinio o sean originarios de otro país y deseen entrar a Estados Unidos, deben primero entrar a la página digital CBPOne.gov y buscar un programa vigente para el cual califiquen y llegar las aplicaciones. Una vez recibidas y aprobadas, recibirán una notificación para presentarse en un puerto de entrada seleccionado donde serán entrevistados por un agente federal de inmigración.
Los abogados consultados por Univision Noticias advierten que ambos programas, si bien han permitido bajar el nivel de tránsito en la frontera, afecta el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso.
El DHS, por el contrario, dice que los programas implementados, sobre todo el advance parole del 5 de enero, han bajado el número de inmigrantes indocumentados hallados en la frontera sur en un 42% durante el mes de enero comparado con las detenciones en diciembre.
La cifra de detenidos en enero ilustra “claramente que las nuevas medidas de control fronterizo están funcionando, con el nivel más bajo de encuentros de la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada desde febrero de 2021”, dijo Troy Miller, comisionado interino de CBP.
Los reportes de la agencia federal indican que en enero se totalizaron 128,410 arrestos frente a los 221,675 detenidos en diciembre del año pasado. La mayoría de los extranjeros fueron expulsados bajo los títulos 8 y 42. Quienes evidenciaron una causa de asilo y menores de edad no acompañados fueron procesados de acuerdo con la ley y serán los jueces de inmigración quienes decidan sus futuros en Estados Unidos.
Te puede interesar:
