Gobierno propone cambiar regla de carga pública que aplica a quienes piden la residencia
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso este jueves cambiar la regla de carga pública, norma que aplica a extranjeros que buscan la residencia legal permanente (LPR o Green Card) y otros beneficios migratorios legales disponibles.
“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, indicó.
En 2019 el entonces gobierno de Donald Trump cambió la regla de carga pública en el marco de su política migratoria de tolerancia cero.
La regla de Trump entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de juliode ese año un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política disuadía a los inmigrantes “de buscar hacerse la prueba del covid-19”, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus.
La norma establecía además que el término 'carga pública' incluye a cualquier extranjero que haya recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total dentro de un período de 36 meses.
El 11 de septiembre del 2020 la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permitió al DHS reanudar la implementación de la regla final en todo el país.
La medida modificó las regulaciones del DHS y describió la manera en la que esta dependencia federal determina si una persona solicitando isión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
La nueva regla
El DHS dijo que en breve publicará en el Registro Federal un aviso de propuesta de Reglamentación (NPRM) “que regulará cómo se aplicará el motivo de inisibilidad por carga pública”.
El gobierno aseguró que “la nueva norma “brindaría un trato justo y humano a los no ciudadanos que soliciten isión a Estados Unidos o soliciten la residencia permanente legal desde dentro de Estados Unidos”.
El DHS dijo además que la regla de Trump de 2019 “hizo que muchos no ciudadanos tuvieran miedo de acceder a los beneficios que el Congreso pretendía que tuvieran, incluidos los extranjeros que no están sujetos al motivo de inisibilidad de la carga pública, como los niños en hogares de estatus mixto”.
Según la regla propuesta, el DHS propone definir "probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento" como "probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia".
La anulación
En marco del año pasado el Departamento de Justicia (DOJ) le dijo a la Corte Suprema de Justicia que abandonaba su defensa de la regla de carga pública que el anterior gobierno había implementado.
Horas después de entregada la nota, el tribunal anunció que desestimaba el caso (dismissed), dándole al gobierno e Biden libertad para decidir anularla, modificarla o recuperar la antigua versión de la regla, que data de 1999.
En la petición, el DOJ le solicitó al máximo tribunal de justicia que desestime un próximo caso que desafía la norma de Trump, que limitaba beneficios migratorios a inmigrantes legales, entre ellos el a las tarjetas de residencia permanente (Green Card o tarjetas verdes).
Cabe señalar que la regla de carga pública de Trump no estableció ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos.
Incluso si el ciudadano estadounidense estaba relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inisibilidad.
Tampoco afectaba a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”, indicaba la norma. En esta lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedaban exentas de esa regla final.
La propuesta de Biden
El DHS dijo que, de acuerdo con la práctica de larga data de la agencia, “propone considerar” los siguientes beneficios públicos al tomar una determinación de inisibilidad de carga pública:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
- Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
- Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos; y
- Institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
Agrega que la norma “propone que no considere los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional, incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno), los beneficios de vivienda y bonos de transporte.
“DHS tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados” para efectos de considerar si un extranjero constituye una amenaza de carga pública.
Al igual que la regla de 2019, asilados y refugiados, así como beneficiarios de visas U y T, tampoco se verán afectados.
Celebran anuncio
El anuncio de la publicación de una nueva regla de carga pública fue recibido con beneplácito por parte de organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes.
“Le damos la bienvenida, hace mucha falta porque desde hace ya tiempo que escuchamos a inmigrantes que tienen miedo de buscar ayuda médica legalmente disponible porque piensan que les va a perjudicar luego cuando pidan la residencia”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-) en Washington.
“Muchos no saben cómo les afecta el pedir ayuda cuando la necesitan en sus casos de inmigración. La publicación de la nueva regla esclarecerá las dudas y beneficiará, sobre todo a inmigrantes de bajos recursos que bajo determinadas circunstancias a veces necesitan buscar ayudas que están legalmente disponibles”, indicó.
“Tendrán más esperanza de recibir la estabilidad migratoria que buscan”, precisó.
La regla propuesta por el DHS tendrá un período de comentario público de 60 días que comienza en la fecha especificada en la próxima publicación del Registro Federal, dijo el ministerio.
