Corte revisará caso que ampara de la deportación a unos 300,000 titulares de TPS
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito revisará un caso presentado en 2018 que protege de la deportación a unos 300,000 titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego que los beneficios fueron cancelados por el expresidente Donald Trump.
La Corte de Apelaciones “concedió una petición de nueva audiencia en pleno, presentada por los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses en el caso Ramos v. Mayorkas”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado. “El 9º Circuito desestimó una decisión anterior de un de tres jueces”, agregó.
“Durante cinco años mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de dos décadas y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la istración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, indicó.
En el fallo emitido el viernes, la jueza que preside la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Mary H. Murguia, dijo que “con el voto de la mayoría de los jueces activos no recusados, se ordena que este caso se vuelva a escuchar en pleno de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 35(a) y la Regla de Circuito 35-3”.
Y agregó: “La opinión del de tres jueces (emitida en octubre del año pasado) está anulada”, lo que significa que los cerca de 300,000 afectados están protegidos de la deportación hasta que la disputa judicial finalice.
La demanda contra la decisión de Trump
La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras.
Aunque desde entonces la istración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera preocupación.
A través de la demanda en el caso Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por el gobierno anterior eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.
Sin embargo, explica ACLU, en septiembre de 2020 un dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior.
“Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el 9º Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó.
Clima de alivio entre los benficiarios del TPS
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito el viernes, titulares del beneficio dijeron que respiran aliviados. “Nos complace que el 9º Circuito haya aceptado volver a escuchar este caso”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA. “Pero nunca deberíamos haber llegado a este punto”.
Arulanantham indicó que el presidente Biden “tuvo, y todavía tiene, todas las oportunidades para cumplir su promesa de proteger a la comunidad de titulares de TPS”.
“Mientras celebramos la victoria judicial de hoy, seguimos preguntándonos por qué el presidente Biden está defendiendo las crueles cancelaciones de TPS de la istración Trump en primer lugar”, dijo Jessica Bansal, directora legal de Desempleados Trabajadores Unidos. “Los titulares de TPS son valiosos de nuestra comunidad. La istración Biden debería apoyarlos, no defender el intento de Trump de separar a las familias”.
El fallo de octubre de 2028
A principios de octubre de 2018 el juez de distrito, Edward Chen, de la Corte de Distrito del Norte de California en San Francisco, bloqueó la decisión tomada por el gobierno de Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos.
Chen aseguró en el fallo que la cancelación de los programas podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios. La decisión liberó de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó en ese momento a Honduras.
La sentencia planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años. El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo de ese año por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses.
En ella argumentaron que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.
Los demandantes en el caso Ramos v. Mayorkas
Los demandantes en el caso Ramos v. Mayorkas están representados por las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, Trabajadores Desempleados Unidos y el bufete de abogados Sidley Austin LLP.
La coalición de organizaciones que representan a los titulares de TPS incluye National TPS Alliance, el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Ángeles, Adhikaar, Haitian Bridge Alliance y African Communities Together.
“Cientos de miles de titulares de TPS no deberían vivir en el limbo ni un día más”, dijo Emi MacLean, abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California.
“El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”.
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